El Institut de les Dones, dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha iniciado este lunes, coincidiendo con el día internacional de la Mujer, el trámite de consulta previa del anteproyecto de la ley valenciana de igualdad, una norma que vendrá a sustituir a la actual aprobada hace viente años y que, como novedad, incluirá un régimen de infracciones y sanciones para garantizar su cumplimiento. La necesidad de que la futura ley tenga una carga coercitiva que evite que quede en una mera declaración de intenciones aparece recogido en el documento base de trabajo que la conselleria ha publicado para recibir propuestas de las diferentes entidades sociales, entre ellas, los colectivos de mujeres que trabajan por la igualdad. La propia vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, preguntada al respecto durante una entrevista en À Punt NTC, defendió un planteamiento que evite que la ley se convierta en un “brindis al sol” y, en concreto, explicó que el Consell podría penalizar a las empresas que no cumplan con determinados requisitos tales como la existencia de planes de igualdad, medidas de conciliación o paridad en sus consejos de administración. Oltra ha explicado que no puede impedir que las empresas tengan contratadas a mujeres de forma precaria, pero si perjudicarles en la convocatoria de ayudas.

La filosofía de un régimen sancionador es evitar la percepción de que el incumplimiento de las obligaciones contenidas o la vulneración de los derechos de las mujeres se produzcan sin reproche alguno y, de paso, reforzar los bienes jurídicos protegidos. La ley de 2003 realizada bajo gobierno popular carece de régimen sancionador. Tampoco la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres lo contiene. La valenciana no sería la única norma autonómica en contemplar un cuadro de infracciones y multas. Ya lo tienen País Vasco, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Murica, Aragón, Navarra, Extremadura, Baleares y Castilla y León, todas ellas con normas más recientes que la valenciana.

Este régimen de infracciones y sanciones para garantizar la plena igualdad irá acompañada con sistemas de evaluación y vigilancia de su cumplimiento. Un ejemplo a seguir podría ser las inspecciones especializadas en igualdad como tienen algunas comunidades.

Oltra habló esta mañana de una norma compleja y, a pesar del retraso con el que se ha abordado ( este es el septimo año del Botànic en la Generalitat), estima un plazo de al menos un año para que el anteproyecto de ley esté terminado. Desde la conselleria se insiste en que no existe un borrador previo, aunque sí se ha trabajado ya en la norma y consultado a las universidades. El objetivo es que tenga la máxima participación posible.

Según el propio documento base difundido por el Institut de la Dona, la ley será ambiciosa ya que pretende abordar problemas difíciles, pero que forman parte de la estructura de desigualdad en el que viven las mujeres: la feminización de la pobreza, el trabajo reproductivo y de cuidados, los desequilibrios en el uso del tiempo, la inequidad en la corresponsabilidad y la persistencia de roles y estereotipios serán abordadas en la futura ley. El Consell se compromete también a que la ley facilite la participación activa de las mujeres en el espacio institucional y político y planteará mecanismos concretos para lograr la paridad en órganos y entes públicos e instituciones “incluso en consejos de administración de las empresas”.

Igualdad ha descartado modificar la ley de 2003 dado el tiempo transcurrido y los cambios sociales, jurídicos y economicos transcurridos y plantea una nueva ley que además podría afectar y modificar otras leyes para incorporar en todas ellas la perspectiva de género.

Cinco objetivos fundamentales

El documento habla de cinco objetivos fundamentales. En primer lugar, la redistribución e igualdad de oportunidades lo que conlleva a combatir la brecha salairal y situar los cuidados en el centro. Se contemplarán medidas positivas para premiar a aquellas empresas y sectores en los que haya mayor igualdad y se haya realizado un esfuerzo decidido en esta dirección.

Otro objetivo es la redistribución del tiempo fomentando la concialización y la corresponsabilidad, la reducción de las semanas laborales y la provisión pública y universal de los cuidados.

La ley, según la conselleria, supondrá el reconocimiento de derechos, blindar las dotaciones presupuestarias y asegurar informes de impacto de género que cumplan una serie de requisitos y no, como hasta ahora, que, sin ningún tipo de análisis, se dedican a indicar que el impacto de género es neutro. La norma entrará también en materia educativa para garantizar la “coeducación” como instrumento básico para desmontar los estereotipos de género y como base para construir relaciones sanas en todas las etapas educativas.

La conselleria recoge, como cuarto objetivo, logar la composición paritaria de entes públicos y privados y en las administraciones públicas.

El quinto objetivo son las políticas vinculadas a las masculinidades igualitarias que pasa, entre otras cuestiones, por incorporar a los hombres en profesiones feminizadas e implicarlos en la consecuención de la igualdad. Debería, apunta el texto, “tenerse en cuenta la intersecccionalidad”, un enfoque que tenga en cuenta que las diversidades personales y sociales “son más que la suma de todas ellas”.

La visión ecofeminista también quedará incorporada, al menos según las previsión de la conselleria, que habla de “la armonización con el planeta, con la tierra y su sostenibilidad” como eje transversal esencial.