El Plan de Actuación Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aún tiene en batería «alrededor de 80 recursos», según confirman a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv). Las demandas solicitan la anulación de este documento de ordenación territorial en vigor desde 2018 y que ya fue revocado por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tsjcv el pasado 11 de febrero.
La sala acaba de dictar una providencia en la que notifica el auto de anulación del Pativel y los motivos que la han provocado «por si esos motivos coinciden en los motivos de nulidad [de los recurrentes] o si quieren alegarlo, según lo previsto en el artículo 33 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa», según informan fuentes oficiales del tribunal valenciano.
Aunque la sentencia del TSJ no es firme y la Generalitat ultima el recurso de casación ante el Supremo para que revoque la decisión del tribunal valenciano que, si llega a ser firme, desprotegerá la franja de los primeros 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre.
La batería de recursos se resolverá uno a uno, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia, y solo se agruparán en el caso de que los argumentos sean muy similares.
Unos recursos que la Conselleria de Política Territorial confía en que no prosperen si fructifica el recurso que presentarán ante el Supremo. Y sobre el que mantienen esperanzas después de que el alto tribunal haya avalado el plan de actuación territorial (PAT) de l’Horta de València que los promotores también intentaron tumbar por falta de un informe económico (uno de los argumentos que sí sirvió para anular el Pativel).
Desde la Conselleria de Política Territorial confían en que el Supremo aclare este embrollo judicial en el que ha quedado enredado el Pativel, anulado por el Tsjcv por deficiencias en los informes económico, de impacto de género y de evaluación ambiental estratégica. Una anulación que fuentes de Política Territorial consideran que es fruto de la falta de experiencia en temas medioambientales de los magistrados de lo contencioso-administrativo.
«Los defectos que los magistrados atribuyen a la Evaluación ambiental estratégica (EAE) del Pativel no existen. La alternativa final [uno de los detalles que criticaba la sentencia] no se decide en la EAE sino que le corresponde al planificador», en este caso la Administración autonómica.
Respecto al informe de género desde la Conselleria de Política Territorial que dirige Arcadi España recuerdan que el informe existe, pero para señalar que no resulta necesario para este tipo de planificación. «El impacto de género se analiza en escalas más pequeñas, a nivel de plan general o de plan parcial, pero no en un documento de planificación a nivel autonómico». De ahí que el Pativel incluyera «el documento plantilla elaborado por la Conselleria de Igualdad para justificar qué actuaciones no precisan el informe de impacto de género». Y concluyen que «con los criterios aplicados por el Tsjcv al Pativel no saldría adelante ningún instrumento de planificación».
