En cuanto tuvieron conocimiento por Levante-EMV de que un fondo buitre estaba comunicando a los vecinos de dos bloques de vivienda de la calle Turia que en cuanto finalizaran sus contratos de alquiler debían abandonar sus viviendas ya que no les iban a renovar los contratos, la Dirección General de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda puso la maquinaria en marcha y solicitó información a los vecinos afectados.

Ayer, sin embargo, se celebró una reunión a cuatro bandas -entre la conselleria, el ayuntamiento, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y los vecinos perjudicados- para explicar diversas herramientas que existen en defensa de la vivienda, en aras de impedir que un grupo francés rehabilite los pisos de 16 vecinos para transformarlos en 32 apartamentos turísticos.

Actuación conjunta

«Queremos que los vecinos sepan que las Administraciones vamos a trabajar de forma conjunta para ver qué posibilidades hay y qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Los fondos de inversión no deben realizar ciertas prácticas que sabemos que son muy habituales», explican la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, y la Concejalía del Ayuntamiento de València.

Las dos Administraciones coinciden en señalar que es necesario «una comunicación fluida» y, por ello, les recomiendan que se unan y compartan información, «porque a cada uno le vence el contrato en una fecha y es habitual la negociación individual y no colectiva, que es lo que presenta una mayor fuerza». Instan también a los vecinos a comunicarle a la Administración «cualquier movimiento o cambio para poder actuar con rapidez y ver las opciones disponibles».

Y es que, entre otras herramientas, el Gobierno central publicó un decreto que permite a los inquilinos prorrogar sus contratos de alquiler por la pandemia. De hecho, la norma asegura que «con el fin de evitar aumentos abusivos de los precios del alquiler durante la crisis, se prorroga automáticamente la duración del contrato de alquiler por un periodo máximo de seis meses durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor».

Además, el decreto añade que «esta prórroga se aplica a todos los contratos de alquiler que finalicen entre el 2 de abril de 2020 hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2».