Cuando se habla de Divalterra nunca puede darse nada por sentado. El consejo de administración de la empresa provincial de las brigadas, convocado ayer de forma urgente y extraordinaria, tumbó por segunda vez el intento del presidente, el diputado socialista Ramiro Rivera, de anular el proceso de selección de la nueva responsable de Recursos Humanos tras las irregularidades señaladas por el director jurídico y de prevención de Riesgos Penales, José Luis Vera, con posterioridad al nombramiento.
Fueron seis extenuantes horas no exentas de tensiones entre los consejeros. La propuesta de resolución elaborada por Vera se votó en varias ocasiones y en ninguna de ellas hubo un acuerdo favorable pese a los cambios que fueron introduciéndose en la redacción para suavizar su contenido y limar las discrepancias que surgieron entre los técnicos que componen el consejo. Del último documento sometido a votación se eliminaron puntos referentes a la reclamación de responsabilidades por la contratación, aunque se mantuvo la anulación de las bases y la repetición del proceso.
De esta manera, el texto obtuvo el respaldo del secretario general de la Diputación de València, pero hasta cinco consejeros votaron en contra por las dudas jurídicas respecto a la potestad para revocar el nombramiento, alimentadas por un informe de la Agencia Antifraude que asegura que el procedimiento cumplió la legalidad.
El temor a tomar una decisión que pudiera acarrear consecuencias judiciales era palpable. La propuesta del director jurídico fue apoyada por el presidente del consejo, el secretario de la corporación provincial y dos funcionarios que se estrenaron ayer como consejeros recién nombrados.
En cambio, la iniciativa fue rechazada por la presidenta del comité de empresa, del sindicato CSIF, por los representantes del PP y Cs, por el consejero delegado de Divalterra -miembro del tribunal que evaluó a la jefa de Personal - y por otro de los funcionarios recientemente propuestos por la presidencia de la diputación para cubrir la cascada de dimisiones que se registró hace escasas semanas. Pese a la reciente renovación del consejo, el PSPV no ha podido asegurarse el control sobre un órgano que en su sesión anterior tampoco fue capaz de ponerse de acuerdo sobre la anulación del controvertido concurso.
En la reunión de ayer estuvo vacío el asiento de Compromís. Los socios del PSPV se han puesto de perfil y se ha desmarcado de la última crisis en Divalterra: ni siquiera han nombrado a un sustituto tras la dimisión de su consejero. Una ausencia que fue determinante para inclinar la balanza del lado del «no» a la propuesta del director jurídico, con quien Compromís no comulga y cuya posición, que se puso en entredicho en las votaciones de ayer, ha quedado muy desautorizada.
El gerente, destituido
Lo que sí que consiguió sacar adelante Rivera -con cinco votos a favor, dos abstenciones y los votos en contra del PP y Cs- fue el cese del gerente que ha pilotado Divalterra desde que el caso Alquería se llevó por delante la anterior cúpula de la entidad en 2018. La insumisión del consejo no fue tan lejos como para frenar la destitución, pese a estar directamente relacionada con las anomalías en el nombramiento de la jefa de Personal, bajo cuya gestión hay 700 empleados.
El presidente -que asumirá por ahora los poderes del gerente- justificó la decisión por la pérdida de confianza en Antonio Mas, que se arrogó la potestad de contratar al citado cargo y desobedeció la orden de paralizar el concurso selectivo. Fuentes de la diputación no descartan otras actuaciones para dilucidar las presuntas irregularidades, aunque dejan la decisión de acudir a los tribunales en manos de los aspirantes al puesto.
