Tras la detención del jefe de la oficina de extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional en Castelló, las reacciones de quienes trabajaban habitualmente con este departamento no se han hecho esperar y no han sido pocos los profesionales que tienen una relación habitual con este departamento los que han confirmado que «algo no iba bien» en relación a la gestión de las citas para realizar cualquier tipo de trámite.
Con el funcionario de 60 años en libertad con cargos tras comparecer ante el juez la semana pasada, empiezan a trascender algunos hechos que, supuestamente, podrían haber motivado la investigación que llevó a su detención el miércoles pasado. Y es que, como confirman desde el Colegio de Graduados Sociales, las quejas por las dificultades a la hora de realizar gestiones ante esta oficina de extranjería «eran semanales».
La disponibilidad de citas, que solicitan por vía telemática, brillaba por su ausencia, lo que dificultaba un trámite «que en otras provincias funciona mucho mejor». En consecuencia, los tres colectivos que más realizan estos trámites —gestores administrativos, graduados sociales y abogados— habían mostrado su preocupación a la Subdelegación de Gobierno, llegando a convocarse una reunión en la que la razón que les dieron fue la falta de personal.
Que hay gente que negocia con las citas no es nuevo. El Colegio de Graduados Sociales llegó a denunciar hace algún tiempo que en dos locutorios de Benicàssim y Segorbe se vendían a inmigrantes interesados. «Un problema que en cuanto pusimos en conocimiento de Subdelegación se solucionó», aseguran.
El precio de las citas extraoficiales puede rondar los 200 euros. Como consecuencia del aumento de los retrasos por la pandemia, recientemente a algunas personas interesadas se les han llegado a pedir 400 euros para poder avanzar en sus expedientes de arraigo, asilo o residencia.
