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La diputación refuerza el control de las ayudas por el alto riesgo de fraude

El volumen de trabajo obliga a secuenciarlo en varias fases

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de València en la Beneficiencia.

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de València en la Beneficiencia.

Es el área que más peso tiene en el engranaje administrativo de la Diputación de València, absorbe un 65,5 % de los fondos del presupuesto anual y en su gestión han aflorado recientes lagunas. El órgano fiscalizador de la corporación provincial ha intensificado la vigilancia y el seguimiento sobre la subvenciones concedidas a entidades privadas y públicas, así como sobre los propios beneficiarios, después de advertir de la existencia de una situación de riesgo «muy alto» de fraude por las «importantes debilidades» detectadas en el reparto de determinadas ayudas.

El Plan Anual de Control Financiero diseñado por el interventor de la diputación sitúa como máxima prioridad en 2021 el refuerzo de las inspecciones en la actividad subvencional, tomando como punto de partida un primer análisis de las ayudas a beneficiarios privados y determinados centros gestores que en 2020 puso de relieve carencias significativas en la distribución de subvenciones nominativas no sujetas a concurrencia pública.

El servicio fiscalizador concluyó que era conveniente una nueva y más profunda planificación que extienda el control financiero no solo a las subvenciones, sino a los propios beneficiarios de las mismas, así como al resto de centros gestores de la corporación provincial que no han sido revisados hasta ahora.

Esta tarea supone un volumen de trabajo tan grande que exigirá que el control se lleve a cabo, además de con la colaboración de empresas privadas de auditoría, en varias fases a lo largo del año. Aunque en los últimos años se han mejorado los procedimientos de comprobación previa a la concesión de ayudas por parte de la Intervención, el plan establece como objetivo conseguir una «mayor visibilidad del control» con tal de trasladar a todos los centros gestores y beneficiarios que su actuación se encuentra sometida a vigilancia, incorporando un control financiero «a posteriori» sobre las subvenciones y ayudas públicas asociadas a los programas con más repercusión.

Empresas públicas en el foco

En el orden de prioridades de vigilancia, el interventor sitúa, por detrás de las subvenciones, las empresas públicas dependientes de la diputación, que se encuentran en una situación de «riesgo alto» de fraude y requieren de un «continuo control sobre su actividad económica», a la luz de los últimos informe de auditoría. Les siguen los fraudes informáticos, que suponen «un riesgo medio» por el incremento considerable de la delincuencia informática. En este ámbito también se requerirá del apoyo de empresas externas especializadas ante la falta de empleados con una alta cualificación en el control de sistemas.

El documento del interventor incluye la revisión prioritaria de la falta de adecuación de los contratos de alta dirección de las empresas dependientes a la normativa vigente por parte de personal propio, después de que se constatara el pago de indemnizaciones por encima del techo legal a varios exdirectivos de Divalterra. El documento reconoce que las extinciones contractuales no han sido tradicionalmente objeto de una fiscalización completa de la Intervención, de ahí que pueda haber más casos irregulares.

La diputación repartió casi 7.000 subvenciones en 2020. El presupuesto de 2021 introduce mecanismos para acelerar los pagos y mejorar la planificación tras el tirón de orejas de la Intervención hace poco. Este año, las ayudas nominativas concedidas a colectivos, instituciones y entidades locales de forma directa ascienden a 31,3 millones, después de un incremento del 70 % respecto al pasado ejercicio. Cada departamento de la corporación ha recibido orden de agilizar expedientes y de clarificar en un Plan Estratégico los objetivos, plazos y costes.

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