El proyecto de decreto que regula el teltrabajo en la Generalitat y que impulsa la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha vuelto a frenarse en el seno del denominado “consellet”, la reunión previa al pleno del Consell que se ha celebrado esta mañana y que reúne a las subsecretarías de todas las conselleries. El proyecto de decreto, con una tramitación plagada de obstáculos, no ha salido ante la oposición de las conselleries bajo la influncia de Compromís a que el texto salga adelante en los términos actuales. Se trata un puslo entre estos departamentos encabezados por Economía y el departamento de Bravo que se prolonga desde el verano. El texto, que ya fue llevado al consellet de hace tres semanas, no ha pasa el filtro y sigue sin vía libre para aprobarse en el pleno de mañana, aunque esa era la previsión. No obstante, fuentes del Consell han precisado que no sólo este decreto ha quedado encima de la mesa. Otros acuerdos, como el proyecto de Hacienda para regular los fondos europeos, han quedado pendientes de negociación entre los socios y es probable que se aprueben la semana que viene.

El proyecto de decreto ha ido ajustándose con el paso del tiempo e incluyendo alguna de las cuestiones planteadas desde Compromís y desde lo sindicatos, pero el texto quedó bloqueado hace tres semanas en el "consellet" ante la negativa de los socios del PSPV a avalar un texto que creen no facilita el teletrabajo. Bravo, había allanado el camino al acuerdo con una reunión con sindicatos celebrada la semana pasada, al incorporar algunas cuestiones para facilitar los planes personales de empleo no presencial a algunos colectivos. Aún así persistían las diferencias y están han primado. El principal punto caliente era el redactado referido al teletrabajo para el personal funcionario de nivel 30. El texto original que llegó al Consell Jurídic Consultitu era muy restrictivo ya que vetaba el trabajo no presencial a estos puestos de jefatura. Sin embargo, el dictamen del Jurídic incluía una observación esencial sobre esta prohibición. Justicia cambió el texto al abrir la puerta a que este personal pudiera teletrabajar con la autorización de las subsecretarías, pero Compromís ha insistido todo este tiempo en que el redactado final no cumplía la observación esencial y que de aprobarse así no cumplirá el dictamen jurídico.

La conselleria, sin embago, defiende que el redactado era respetuoso con el CJC y que, además, dejaba en manos de las subsecretarías incluir a este personal en los planes de teletrabajo. La cuestión de quién tiene la competencia final para aprobar estos planes también había generado disputa, pero aclarar los téminos de la regulación era una recomendación del Jurídic y no una observación esencial.Compromís quiere también menos rigidez a la hora de que el personal pueda alternar trabajo presencial y telemático.

La secretaria autonómica de Administraciones Públicas, Mireia Llobera, adscrita a Unides Podem, ha sido quien esta mañana ha defendido el proyecto. La última vez fue la subsecretaria Belén Cardona la encargada de hacerlo en la reunión en la que el texto se frenó. En esa reunión, ha arrancado ya una negociación sobre el texto y, según fuentes de Compromís, se ha avanzado en el acuerdo. Con todo, está por si la conselleria avalará más cambios en el texto.