La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha propuesto esta mañana que se priorice la vacunación contra la covid-19 de todos los operadores jurídicos que tienen trato directo con el público, ya que son quienes más riesgo asumen en el día a día, exactamente el mismo criterio que se ha tenido en cuenta para situar en los primeros grupos de vacunación a docentes o al personal de las fuerzas de seguridad.
Así, la consellera Bravo ha considerado "fundamental" que se vacune en primer lugar al personal que trabaja en los juzgados de lo Penal, en los de Violencia de Género, en los Registros Civiles y servicios comunes y de comunicaciones, así como los que trabajan en el del Turno de Oficio (abogados y procuradores), ya que estos profesionales desempeñan su función en un "servicio público esencial y estratégico" que debe ser protegido "de la misma manera que lo ha sido la Educación o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
Gabriela Bravo ha realizado esta propuesta durante la reunión telemática de la Comisión Sectorial de Justicia celebrada esta mañana con la asistencia de los consejeros de las diez autonomías que tienen transferida Justicia y del ministro del ramo, Juan Carlos Campo.
Sanidad tiene la última palabra
Durante su intervención, la consellera ha defendido que es “fundamental” que un servicio público esencial como el que se presta en los tribunales “tenga a su personal protegido y más al considerar que de él depende la defensa de nuestros derechos y libertades”. Bravo ha pedido a sus colegas de las otras nueve comunidades con competencias en Justicia y al Ministerio que se sumen a su propuesta para alcanzar una “posición común” y lograr así priorizar la vacunación de estos colectivos.
“Estamos hablando de jueces y fiscales de lo Penal y de Violencia de Género, del personal de los juzgados de guardia y de los servicios comunes de comunicación y Registro Civil, así como el Turno de Oficio, es decir, de los profesionales y operadores jurídicos que están más expuestos por el carácter esencial y presencial de sus funciones”.
La propuesta deberá ser admitida ahora por el Ministerio de Sanidad, que es quien, en definitiva, decide qué colectivos se sitúan antes o después en el plan de vacunación, aunque, si las diez comunidades y el ministerio concurren juntos en esta petición es casi seguro que finalmente la iniciativa de la consellera Gabriela Bravo permita priorizar la vacunación de este colectivo.
