La carta llegó el jueves pasado a las once de la mañana. Una mujer “muy bien vestida” tocó la puerta de Tania Romero para anunciarle que en siete días tenía que dejar la casa junto a sus hijos de 8, 7, 3 y 2 años, que ya se habían hecho al barrio y estaban estudiando en su colegio público. Un burofax (a nombre de los anteriores inquilinos) decía que la desahuciaban. Hacía cuatro meses que Tania tuvo que ocupar aquel piso por pura necesidad.
Al final, decenas de personas y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Entrebarris y Stop Desahucios se concentraron en la puerta de su domicilio a la hora del lanzamiento, también a las 11. La comitiva judicial no apareció así que se dio por parado. Tania se queda en casa. Normalmente este sería el final de la historia, pero resulta que Tania es solo la punta del iceberg. Los buitres llegaron al barrio de la Fuensanta el verano pasado. Y hay muchas familias afectadas.
Promontoria Coliseum, filial del fondo de inversión estadounidense Cerberus, es el nuevo “casero” de muchas familias de Fuensanta. Trini, Vicky, María Alejandra, son algunos de los nombres de las más de 15 madres de familia afectadas en el barrio. Todas con menores de edad a su cargo. Este fondo compró sus pisos al banco Sabadell y se niega a renovar los alquileres. Los burofaxes empezaron a llegar en julio y agosto. Primero a Trini, y luego al resto. “Convocamos una reunión para hablar con tres afectadas del barrio, y aparecieron quince”, cuenta José Luis González, portavoz de la PAH.
Las afectadas llevaban años pagando religiosamente cada mes, muchas de ellas son vecinas de toda la vida que se han criado en el barrio. Hasta que apareció su nuevo casero, que no negocia e incluso les ha ofrecido dinero por dejar los pisos. “A mi me daban 2.500 euros por irme. Eso son cinco meses de alquiler ¿Pero qué hago yo con mis niñas?” Dice María Alejandra. “A mi me querían dar 1.000 euros por dejar el piso”, apunta Trini.
“El fondo me quería ofrecer mil euros por dejar mi vivienda”
Maria Alejandra, por ejemplo, cobra la Renta Valenciana de Inclusión y su marido trabaja. La hipoteca se volvió un peso insoportable, pero llegó a un acuerdo por el cual el banco se quedaba el piso pero ella pagaba un alquiler social. Desde entonces lleva al día hasta la comunidad, como el resto de afectadas, que aún con trabajos precarios abonaban sus cuotas cada mes. Pero la sociedad que ha comprado las viviendas quiere que se vayan, y cuanto antes mejor. La única que puede resistir un poco es Trini, que se acogió al decreto del Gobierno para ampliar el alquiler durante seis meses.
“Han dicho que no y es que no. A la calle y punto, no les importa que tengamos niños pequeños ni nada”, lamenta Tania. Trini asegura que algunas familias, por desconocimiento o por no saber buscar ayuda, ya han sido desahuciadas del barrio. Muchas otras ya han sido demandadas después de que se les acabara el contrato de alquiler. “Nos hemos criado aquí desde pequeñas, vivimos aquí de toda la vida. Y últimamente no paran de venir muchas familias que están igual. Hay muchísimas familias así, y eso que se supone que se habían prohibido los desahucios”, dice Trini.
Situación “insoportable”
“Aunque los juzgados estuvieron cerrados dos meses, en 2020 ha habido 4.501 desahucios en la Comunitat Valenciana (uno cada dos horas), así que el decreto del Gobierno que ‘prohíbe los desahucios’ es muy insuficiente. Los desahucios sin alternativa habitacional se siguen produciendo, y estamos en una situación insoportable”. Así de contundente se expresó José Luis González, portavoz de PAH, tras paralizar el desahucio de Tania, y recordó que el próximo día 20 varios colectivos de vivienda se manifestarán en la plaza del Ayuntamiento de València para pedir una ley de vivienda “más allá de la estrategia politiquera, en la que los partidos se impliquen de verdad en defender este derecho”.
Desde la plataforma señalaron que “en este momento el derecho a la propiedad privada prima por encima del derecho a la vida y a la vivienda, y parece que el Gobierno nos diga que un fondo buitre ubicado en Luxemburgo tiene más derechos que las personas a vivir en sus casas”.
González denunció que “cuando nosotros debemos algo nos persiguen hasta la cárcel, pero a los bancos no solo no se les persigue sino que se les rescata cuando deben dinero. Así que exigimos que devuelvan el dinero que le prestamos en forma de viviendas que tienen vacías, y que puedan ser utilizadas por las administraciones públicas”, sentenció.
