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La diáspora de los presos valencianos

El 45 % de los reclusos nacidos en València (776) están en prisiones fuera de la provincia porque la única valenciana está saturada - Los funcionarios advierten que el desarraigo compromete la reinserción, dispara los conflictos y castiga a las familias

La cárcel de Picassent tiene en estos momentos una sobrepoblación de casi 600 internos. | JOSÉ ALEIXANDRE

La cárcel de Picassent tiene en estos momentos una sobrepoblación de casi 600 internos. | JOSÉ ALEIXANDRE

En este momento, hay 1.672 valencianos en la cárcel, o bien cumpliendo condena o bien esperando a ser juzgados. Sin embargo, casi la mitad —776, es decir, el 45 %— no puede hacerlo cerca de sus familias básicamente porque no hay plazas para ellos en la única prisión valenciana, la de Picassent. Es el mayor centro penitenciario de España, pero no tanto como para albergar a todos los reclusos valencianos, más los encarcelados aquí que no son valencianos, más aquellos presos de otros lugares que, por distintas razones, son ingresados en Picassent por Instituciones Penitenciarias.

En este momento, la única cárcel valenciana alberga algo más de 1.900 reclusos —la cifra baila a diario por los traslados, los nuevos ingresos y las salidas—. Lejos de aquellas cifras de los tiempos de los motines —ha llegado a tener 2.400 internos en los peores momentos—, pero a gran distancia también de la cifra ideal que propugna la ley orgánica que dice cómo deberían ser las cárceles españolas y la reisnserción de sus ocupantes.

Según el artículo 19 de esa norma, promulgada en 1979, cuando la Constitución aún no había cumplido el año de vida, el centro penitenciario de Picassent nunca debería tener más de 1.329 internos, que es exactamente el número de celdas del recinto. «Todos los internos se alojarán en celdas individuales», sigue recordando ese artículo, con dos únicas excepciones: que deba haber más de uno por celda por una necesidad «temporal» o que así lo acuerde el médico —está pensado para prevenir suicidios—.

Y dice otra cosa. En el artículo 12.1 se puede leer: «Se procurará que cada una [se refiere a áreas territoriales; básicamente, provincias] cuente con el número suficiente de aquéllos [centros penitenciarios] para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados».

València, pese a ser la tercera provincia más poblada del país, solo tiene un centro penitenciario. Madrid dispone de siete cárceles; Barcelona, de cinco. Sevilla y Alicante, las dos siguientes en el ránking demográfico, tienen dos prisiones cada una de ellas. Cádiz, la octava en la lista, tiene tres centros. Incluso Girona, con casi cuatro veces menos habitantes de València, dispone de dos instituciones de reclusión.

Edificios a medio construir y abandonados: así está desde hace más de una década la fallida cárcel de Siete Aguas. Fernando Bustamante

En Canarias, Lugo, Cádiz...

Así las cosas, las consecuencias son obvias: de los casi 2.000 reclusos actualmente internados en Picassent, 896 son valencianos. Los otros 776 valencianos recluidos lo están en cárceles en ocasiones situadas a centenares de kilómetros. Como muestra, unos cuantos botones: 5 están en Asturias;14, en Mallorca; 11 en Cádiz; 5, en Huelva; 6, en Lugo; 8, en Pontevedra; 4, en Canarias; 4, en Badajoz... Y así, hasta sumar los 776.

«Es fundamental que València cuente con un segundo centro penitenciario que permita descongestionar Picassent, pero también que ayude a esos valencianos a poder estar cerca de sus familias», explica Alberto Téllez, secretario de Salud Laboral en Acaip-UGT y portavoz de la formación sindical de Prisiones.

Y lo argumenta: «El desarraigo de esos internos, cuyas familias no pueden siquiera plantearse mantener comunicaciones periódicas con ellos, porque algunos están a la otra punta del país o incluso en alguno de los archipiélagos, no solo es ilegal, como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria, sino que tiene unas consecuencias muy directas: aumenta la conflictividad de esos reclusos y acaba comprometiendo su reinserción porque, sin el apoyo de los suyos, les es más difícil acatar las normas y participar en talleres y actividades».

En su opinión, la solución pasa por aprovechar parte del complejo abandonado de Siete Aguas, donde el Gobierno de Zapatero proyectó en 2010 la segunda cárcel valenciana bajo el nombre València II, y resucitar ese plan. «No estamos en contra de la solución de Instituciones Penitenciaras de convertir ese enorme espacio en un gran centro psiquiátrico, que también es necesario. Pero sí apostamos por que parte del recinto sirva para crear esa segunda prisión convencional que llevamos años reclamando y que es fundamental», sostiene.

Por ahora, esos 70.000 metros cuadrados, en los que hay 14.5 millones de euros enterrados, siguen siendo desde hace una década un cementerio de hormigón con pabellones a medio construir, tierras removidas y pilas de material abandonado a su suerte. Instituciones Penitenciarias acaba de iniciar los trámites para convertirlo en un gigantesco hospital para reclusos con trastornos psiquiátricos.

Asociaciones dedicadas a personas con problemas de salud mental no han tardado en criticar duramente este nuevo proyecto, al que Interior pretende destinar 733.000 euros. De momento, 776 familias valencianas siguen peregrinando por buena parte de la geografía española, castigadas por esa dispersión.

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