La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han llegado a un acuerdo sobre el recurso que el Gobierno central planteó por la norma aprobada por el departamento que dirige Mónica Oltra para complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El acuerdo pone fin al conflicto y evita un recurso de inconstitucionalidad. Fuentes de la Conselleria de Igualdad han explicado que el pacto permitirá que aquellas personas que reciban prestaciones no contributivas invalidez, jubilación e incapacidad permanente, puedan recibir también la ayuda a la que da derecho la Renta Valenciana de Inclusión en caso de cumplir los requisitos de acceso. La cuestión de cómo complementar ambas ayudas fue una de las discrepancias principales planteadas por el Gobierno y que llevó a constituir la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat por la modificación de la Ley de RVI para adaptarla a la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En concreto, el Gobierno puso pegas a siete artículos del decreto del 26 de junio con el que Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas trató de establecer un proceso único para ambas prestaciones (la estatal y la autonómica) con tal de evitar duplicidades, algo que el Gobierno consideró podría ser excesivo.

Igualdad ha subrayado que la decisión del Gobierno de España de aprobar una renta básica como el IMV obligó a realizar un estudio con carácter de urgencia para que ambas prestaciones no entraran en colisión ni se generaran duplicidades. La conselleria ha explicado que el acuerdo afecta a aquellas personas que tengan prestaciones por pensiones no contributivas en su modalidad de invalidez y jubilación, excepto las prestaciones no contributivas de invalidez con complemento por tercera persona y aquellas que tengan compatibilizada la percepción de la pensión no contributiva con el trabajo remunerado.

También alcanza a quienes perciben la prestación del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS) en aquellos casos en que, habiendo solicitado la pensión no contributiva no le reconozcan el derecho a la misma, y siempre que no tengan derecho a otras prestaciones públicas. Así como las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes.

Otro de los puntos de los puntos solventados es que quienes perciban la RVI tendrán derecho también a la sanidad universal y a la prestación farmacéutica y ortoprotésica, mediante la adaptación de medidas que eliminen los obstáculos en el acceso al tratamiento médico y al restablecimiento de la salud, de conformidad con la legislación estatal. El Gobierno llegó a poner en en duda el acceso directo a la sanidad universal de los destinatarios de la renta valenciana. Fuentes de la conselleria han explicado que esta cuestión se ha saldado con un nuevo redactado del artículo que permite el acceso universal, aunque con otros términos.

Por otro lado, para facilitar la gestión eficiente y coordinada de la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital y las duplicidades se facilita el intercambio de datos entre administraciones. Así, las personas solicitantes de la RVI y quienes conforman la unidad de convivencia podrán prestar conformidad expresa para facilitar sus datos a otros departamento, ha añadido el departamento que dirige Oltra.

Con todo, sigue pendiente que ambas administraciones firmen un acuerdo para la cogestión del ingreso mínimo. El Consell lo reclamó desde le principio, pero el ministro José Luis Escrivá, rechazó esta fórmula llegando incluso a cuestionar la capacidad de la Generalitat para afrontar esta gestión. Más tarde, y en un encuentro con el presidente Ximo Puig en el Palau, rectificó y prometió que firmaría el convenido con la Generalitat antes de finalizar 2020. Aún sigue pendiente.