Los vecinos de la calle Turia que residen en las fincas número 49 y 51 están dispuestos a defender sus viviendas a toda costa. La cita es este sábado 27 de marzo a las 12 horas, allí mismo, en la puerta de sus casas. No quieren irse del barrio y mucho menos que los expulse un fondo buitre. Hace unas semanas la situación de estas familias salió a la palestra al denunciar que un grupo francés les había comunicado que, en cuanto finalizaran sus contrato de alquiler, debían marcharse de allí ya que tenían otros planes para los dos edicios que los herederos de la antigua dueña querían vender: convertirlos en 32 apartamentos turísticos.
La operación de compra-venta aún no se ha realizado pero los actuales propietarios están desahuciando a las 16 familias que viven allí y a los comercios y equipamientos que se ubican en los bajos. Y así, si el contrato de alquiler finaliza ya no se renueva y familias con menores o personas mayores que llevan toda la vida residiendo en el barrio (y allí tienen el colegio de sus hijos o el médico de familia) se ven obligados a buscar una vivienda de alquiler a precio asequible en una zona que ha visto incrementado los precios de forma exponencial con la llegada de un negocio turístico que expulsa a los vecinos.
Pero los vecinos de la calle Turia no están dispuestos a callar. Y tampoco están solos. Por eso los residentes de los edificios afectados por la operación inmobiliaria, los comerciantes que ocupan los bajos (una escuela infantil y un restaurante) y colectivos sociales como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Veïnat en Perill d'Extinció y EntreBarris, han organizado una concentración para el sábado 27 de marzo a las 12 horas "para denunciar su situación y exigir una respuesta de las administraciones públicas que les permita continuar en sus casas". Este acto es el inicio de una lucha colectiva que no acabará hasta que no consigan la renovación de sus contratos.
El vecindario anuncia "que no se irá de la finca" y que empieza "una lucha colectiva para frenar su expulsión, pero también para denunciar la presión inmobiliaria y turística que reciben las zonas de Ciutat Vella y Botánico, y evitar que vuelven a repetirse casos como este".Y lo hacen con el apoyo de varias plataformas ciudadanas que llevan años luchando por el derecho a la vivienda y contra la especulación, la gentrificación y turistificación en Valencia.
La petición es clara: "Pedimos a los actuales propietarios la renovación de todos los contratos de alquiler por cinco años a un precio justo y asequible. Además, exigimos a las administraciones públicas que tomen partido y paren la expulsión del vecindario y de los comercios y la conversión de los edificios en negocios turísticos. Existen medidas que las instituciones pueden llevar a cabo, como la compra del edificio acogiéndose al derecho de tanteo y retracto". Y es que ya hubo una reunión entre los vecinos, la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de València. Pero los plazos se acaban y los afectado se impacientan así que dan un paso más.
Con esta protesta, además, buscan también reivindicar "el valor social de un vecindario y de unos comercios y equipamientos que hacen comunidad al barrio del Botánico desde hace cuatro décadas". Por ello señalan que, si las administraciones no actuan, se expulsará, entre otros, a una pareja de personas mayores de 89 y 90 años que viven con un contrato de alquiler de renta antigua y que llevan 40 años en el edificio. Igual que la escoleta que ocupa los bajos del edificio y que es la escuela infantil de muchos niños del barrio.
