"Se ha acabado Divalterra". Con estas palabras, el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, ha anunciado hoy la disolución, liquidación y extinción de la empresa pública de las brigadas forestales en el marco de una junta general extraordinaria forzada por la oposición para abordar la última crisis interna en la mercantil. La heredera de la antigua Imelsa ha estado permanentemente en el ojo del huracán y continúa inmersa en varias causas judiciales. Pese a los intentos iniciales del actual equipo de gobierno de transformar la firma para convertirla en un ente de derecho público integrado en la corporación provincial, finalmente Gaspar ha optado por el "cierre ordenado y definitivo" tras analizar los informes técnicos correspondientes.

La disolución se abordará en una próxima convocatoria de la junta general y comportará el inicio con urgencia de un proceso que culminará con la integración de los 600 brigadistas de Divalterra en el Consorcio Provincial de Bomberos, tal como recomienda el informe conjunto de la secretaria y la intervención de la Diputación de València. El resto de los servicios minoritarios que presta Divalterra serán integrados en la corporación provincial. De esta forma, Gaspar asegura que se garantizará el trabajo digno de las casi 700 personas que operan en la mercantil. Como primer paso, en la próxima junta general serán destituidos los miembros del consejo de administración y se nombrará a los liquidadores de la sociedad.

La junta extraordinaria de hoy se había convocado a petición de los partidos de la oposición, con el objetivo de abordar la última polémica surgida en la empresa, que desembocó en el cese del gerente, tras las irregularidades detectadas por el director jurídico en el proceso de selección de la responsable de Recursos Humanos. Los intentos de anular el procedimiento, sin embargo, fueron tumbados por un consejo de administración rebelde a los postulados del presidente, del jefe jurídico y del secretario de la diputación. En su intervención, Gaspar ha manifestado su rechazo a la política "frentista y oportunista" y ha dicho que Divalterra ha sido un exponente de este mal que padece la política "en estos tiempos inciertos y convulsos".

Por eso, el presidente de la diputación ha dicho que "ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos" para atajar un problema histórico que perdura en la corporación "desde hace décadas". Gaspar ha recordado que los errores cometidos en el pasado en Imelsa y. posteriormente en Divalterra. impulsaron desde un principio la voluntad del equipo de gobierno de la diputación de dar estabildiad y viabilidad a la empresa. En septiembre de 2018, tras el estallido del caso Alquería, se puso encima de la mesa la necesidad de estudiar propuestas para la transformación de Divalterra en una entidad menos independiente y más pegada a la corporación provincial. Al mismo tiempo, se impulsó una mayoría no política de técnicos en el consejo de administración, incluyendo una representación de los trabajadores de la sociedad.

Finalmente, ante la disparidad de criterios planteada para el futuro de Divalterra, Gaspar encargó un informe conjunto a los departamentos de secretaria e intervención para que analizara la viabilidad jurídica y todos sus efectos en los diferentes escenarios planteados. "Lo más fácil sería no hacer nada, tan habitual en las grandes decisiones de esta casa, pero eso se ha acabado", ha indicado el presidente, que ha pedido la colaboración de todos "en este histórico paso".

En la junta general de hoy, el portavoz del PP en la diputación, Vicente Mompó, ha anunciado que va a poner en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos y la documentación relativa al proceso de contratación de la nueva jefatura de Recursos Humanos en Divalterra y ha calificado el giro dado por Gaspar como un intento desesperado que «no va a tapar en ningún caso las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer en este proceso y las responsabilidades que de ellas se puedan derivar».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Rocío Gil, ha pedido que “se respeten todos los derechos de los trabajadores de Divalterra”. “No basta con mantener sus puestos de trabajo, hay que garantizar sus antigüedades y el resto de derechos adquiridos de los trabajadores”, ha advertido. “El cierre anunciado por el presidente de la Diputación nos ha sorprendido porque estábamos trabajando en la transformación de la empresa pública”, ha explicado Gil, al tiempo que ha declarado que “si hay informes, como ha dicho Gaspar, quiere decir que ya llevan tiempo barajando esta posibilidad sin haber informado al respecto”.

En la misma línea, ha defendido que “Cs no se puede pronunciar sin conocer los informes, que por supuesto han de ser todos favorables para que se pueda acometer el cierre”. En todo caso, ha destacado, “Divalterra ha traído muchos disgustos a esta casa, Taula, Alquería, Cical… por la mala gestión de los políticos, no por sus trabajadores, que siempre han estado a la altura”. Además, Gil ha subrayado que “el cierre de la empresa no evitará que se depuren responsabilidades en el proceso de selección de la directora de RRHH, el último bochorno de Divalterra”. “Cs seguirá trabajando, como ya hizo en el caso Alquería, para que se aclare si ha habido alguna irregularidad”, ha concluido la diputada naranja.