El mismo día en el que se anunció la disolución de Divalterra se conoció el procesamiento de Alfonso Rus por usar la antigua Imelsa como una agencia de colocación a gran escala de «zombis» y enchufados. Desde que se destapó aquel primer gran escándalo, la empresa pública de las brigadas, constituida en 1988, se ha mantenido abonada a la polémica, instalada en las guerras intestinas y convertida en un espejo de los dramas de la política moderna.
Estalla el «caso Imelsa»
En 2014, la ruptura entre Alfonso Rus, presidente de la diputación, y Marcos Benavent, hasta entonces gerente de Imelsa, precipita la salida de este último de la empresa pública (antes de partir rumbo al extranjero).
Las grabaciones entregadas por el exsuegro del «yonqui del dinero» y la denuncia de Esquerra Unida destapna una de los mayores tramas de corrupción de los últimos años en tierras valencianas y acaban con el todopoderoso alcalde de Xàtiva en el calabozo. Las pruebas revelan el uso de la firma de las brigadas presuntamente para amañar contratos, cobrar comisiones y contratar a personal afín de partidos y sindicatos durante años. Entre 2007 y 2015, el 84 % de los trabajadores de Imelsa entraron «a dedo».
La empresa se rebautiza: nace Divalterra
En un intento por reflotar a la empresa y liberarla de la pesada hipoteca reputacional que arrastra, el nuevo gobierno de la Diputación de València, presidido por el socialista Jorge Rodríguez en coalición con Compromís, rebautiza Imelsa como Divalterra en 2016. El ejecutivo anuncia una operación de limpieza y vaciado interno que se encuentra con no pocas resistencias internas del personal.
El cogerente dimite tras cargar gastos de bebidas alcohólicas
Apenas unos meses más tarde, un informe de auditoría interna detecta «incidencias» en la gestión de Divalterra y cuestiona el fraccionamiento de contratos y una serie de gastos impropios girados por uno de los cogerentes como dietas, que incluyen bebidas alcohólicas. El responsable, Víctor Sahuquillo, cuestionado también por otras contrataciones, presenta su dimisión para no dañar la imagen del presidente de la diputación.
El caso Alquería se lleva por delante a otro presidente
La nueva estructura interna de altos directivos creada por el equipo de Rodríguez precipita una nueva operación policial que termina con el presidente detenido. El ahora alcalde de Ontinyent, junto a varios de sus cargos de confianza y los directivos nombrados, se enfrentan a entre 6 y 8 años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El auto de procesamiento apunta a un «reparto de cargos consciente y calculado para favorecer a miembros o simpatizantes» del PSPV y Compromís. Rodríguez se defiende asegurando que su objetivo era poner orden en una «empresa corroída de corrupción» tras la etapa del PP.
Los culebrones continúan con los técnicos al mando
En 2018, Toni Gaspar asume la presidencia de la Diputación de Valencia con la promesa de vaciar ordenadamente Divalterra, comenzando por nombrar un consejo de administración con más peso de técnicos que de políticos.
El experimento sale rana y el ente acaba sumido en el desgobierno, fuera del control del equipo de gobierno: las irregularidades s por el director jurídico en la contratación de la jefa de Personal han terminado con el cese del gerente, que desobedeció la orden de paralizar el proceso. Pero el consejo se ha rebelado frente a la presidencia y ha bloqueado los intentos de repetir el concurso, avalado por la Agencia Antifraude. Nuevos nubarrones judiciales se ciernen sobre la mercantil pública. Gaspar anuncia su disolución y la integración del personal en la diputación como salida para poner fin a años y años de conflictividad.
