Los contratos ficticios en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa sentarán en el banquillo de los acusados a 26 personas. Al frente de esta operativa presuntamente criminal la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de València sitúa al expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Entre los procesados también se encuentra el actual subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, que durante su etapa como diputado provincial por el PSPV presuntamente solicitó la contratación de dos personas que «cobraron sin prestar el cometido laboral que justificara la contratación».

El diputado del PP en el Congreso de los Diputado, Luis Santamaría se preguntó si «Pedro Sánchez va a mirar hacia otro lado y si Gloria Calero, la delegada del Gobierno se va a lavar las manos, después de que se hayan pasado años hablando de líneas rojas». Rubio recurrirá el auto de su procesamiento.

La magistrada considera que los procesados podrían haber cometido los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude en la contratación al impulsar «una contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido actividad laboral efectiva alguna» para Imelsa (11 personas contratadas) y Ciegsa (5 contratos).

La consellera de Transparencia y denunciante del caso Taula en julio de 2014, Rosa Pérez Garijo, aseguró ayer que el procesamiento de Rus y Caturla demuestra la «corrupción sistemática del Partido Popular».

En la causa también se investiga la productividad cobrada de forma irregular por Marcos Benavent en Imelsa (56.648,99 euros de 2011 a 2014) y dos exdirectivos de Imelsa, José Enrique Montblanch (82.162 €) y María Escrihuela (97.125,52 €) y dietas.

Según la magistrada, tanto Alfonso Rus como Marcos Benavent y Emilio Llopis (exalcalde de Genovés y jefe de gabinete de Rus en la Diputación de València) «utilizaron a Imelsa en beneficio propio, atendiendo a sus intereses personales y particulares, procediendo a la contratación de trabajadores para responder a favores solicitados por terceras personas (...) que no desempeñaban ningún trabajo, con conocimiento y consentimiento de todos ellos».

Todas las contrataciones se realizaron «obviando el procedimiento que garantice la igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad» y sin respetar las limitaciones para incorporar nuevo personal de los presupuestos generales del Estado de 2009 a 2014, según la Intervención General del Estado.

Entre los contratados y ahora procesados figuran varios políticos locales como el exalcalde del PP de Cortes de Pallás, Raúl Mateo Ángel Balufo, contratado en Imelsa de 2008 a 2011 y el alcalde del PP de la Llosa de Ranes, Evaristo Aznar Teruel, contratado de 2004 a 2005.