El 42% de los edificios públicos carece de ascensor, el 82% no tiene una señalización adecuada, el 63% es inaccesible en los puntos de información... Estas son algunas de las conclusiones del estudio de accesibilidad en edificios públicos municipales que ha realizado la Conselleria de Vivienda y que se ha centrado en localidades de menos de 50.000 habitantes. En total han participado 180 municipios y se han analizado 1.135 edificios de titularidad municipal que ya cuentan con un diagnóstico de las deficiencias que presentan en accesibilidad, las posibles soluciones al problema y un coste aproximado de las obras que se deberían realizar.
Lo prometido es deuda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha pisado el acelerador para que los edificos públicos sean accesibles ya que hace tres años que todo (lo público y lo privado, en cualquier ámbito) debería serlo. Por ello, hace un año, esta misma conselleria presentó las conclusiones de un informe similar que analizó las deficiencias en accesibilidad de los edificios de la Generalitat Valenciana, mientras anunciaba la continuidad del trabajo poniendo el foco en los municipios de menos de 50.000 habitantes que cuentan con un presupuesto menor y una población más envejecida. Esta mañana, el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presidido la Mesa de Accesibilidad de la Comunitat Valenciana y ha explicado las conclusiones del informe, acompañado por el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio y por Paz Cortes, una de las técnicas que ha realizado el análisis y la radiografía con la que empezar a eliminar barreras.
"Es necesario concebir sin obstáculos todo lo que se crea y diseña de nuevo, y adaptar progresivamente todo aquello que ya se ha realizado con barreras, una prioridad no solo de nuestras edificaciones, sino extenderlo también a una futura accesibilidad urbana para facilitar la movilidad y el flujo autónomo de todas las personas", ha asegurado Martínez Dalmau.
Sobre las deficiencias que refleja el informe, el conselleria afirma que requieren de "respuestas inmediatas" porque "entendemos que los edificios públicos son el espacio donde la Administración entra en contacto con la ciudadanía. Si perpetuamos las barreras arquitectónicas estaremos permitiendo que una parte de la población quede excluida con total normalidad de los servicios públicos".
Los resultados del informe evidencian que queda un largo camino por recorrer ya que el 85% de los edificios estudiados incumplen, al menos, alguno de los parámetros de señalización estudiados. Las deficiencias siguen concentrándose en la carencia de elevadores y ascensores debido a la antigüedad de las construcciones y, además, algunos ascensores analizados no cumplen con las dimensiones mínimas para que entre una silla de ruedas. "No obstante, observamos como los edificios de nueva construcción presentan un mayor índice de cumplimiento de las normas, cosa que nos indica que en las normas de edificación se van teniendo más en cuenta estas cuestiones por no dejar a nadie atrás", ha añadido Martínez Dalamau como punto positivo.
La continuidad del trabajo
Según el director general Alberto Rubio, el trabajo presentado pretende sentar las bases para la "necesaria mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios públicos existentes de la Comunitat Valenciana y así poder conocer el estado de cada uno de sus elementos, su nivel de accesibilidad global, y la inversión estimada a realizar para su adecuación. El estudio aporta una visión general de cada municipio y provincia, como también a nivel autonómico, lo que permite a su vez un planteamiento estructural de la cuestión". Es decir, una vez realizado el diagnóstico es responsabilidad de los ayuntamientos (como también lo es de las distitntas consellerias en el estudio anterior) planificar el gasto y acometer la obra, aunque desde la Conselleria de Vivienda anunciaron "líneas de ayudaa los municipios para poder hacerlo".
La deficiencia más generalizada corresponde a la señalización. Se trata de la asignatura pendiente común a la gran mayoría de edificios analizados. En concreto, el 85,26% incumple al menos alguno de los parámetros de señalización estudiados, aspecto que tiene una subsanación relativamente sencilla al no requerir la ejecución de obras y de un reducido impacto económico. Además, la carencia detectada en ascensores explica en gran medida que casi el 60 % de los edificios obtengan una calificación muy baja de accesibilidad. De los edificios analizados en los que se requiere la existencia de ascensor accesible, el 27,34 % no cumple con las dimensiones mínimas y el 39,1% no cuenta con ningún ascensor, accesible o no.
Por otro lado, analizados los edificios según su año de construcción o última reforma, se ha podido observar que el nivel de accesibilidad mejora progresivamente. De hecho, en los edificios construidos o reformados en la última década se ha observado que el porcentaje de los que obtienen grado de accesibilidad aceptable se eleva hasta el 15,43 %. Además, dos tercios de la inversión estimada corresponden a la subsanación de solo dos elementos de los más de 40 estudiados: por un lado, la instalación o renovación de ascensor accesible para comunicación entre plantas del edificio y, por otro, la reforma en aseos para llegar al cupo mínimo de aseos accesibles.
La reunión ha sido de provecho ya que también se ha constituido el Comité Técnico de Accesibilidad. Por otra parte, Alberto Rubio ha propuesto llevar a cabo este año dos nuevos estudios dirigidos a garantizar las condiciones de accesibilidad universal en espacios públicos, en continuidad con los estudios que se han desarrollado en los últimos años y con los que se ha obtenido el diagnóstico de accesibilidad en edificación de uso público tanto de la Generalitat como de los municipios.
