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Expresidentes de la diputación apoyan el cierre de Divalterra ante el "caos" en su gestión

Cuquerella defiende el papel ejercido por la empresa

Expresidentes de la diputación apoyan el cierre de Divalterra ante el "caos" en su gestión

Expresidentes de la diputación apoyan el cierre de Divalterra ante el "caos" en su gestión

Nació bajo el mandato del socialista Francisco Blasco con el cometido de impulsar el desarrollo económico de los pueblos. Treinta y tres años más tarde, otro socialista, Toni Gaspar, ha ordenado su desmantelamiento, cansado de tener que lidiar con un nido de problemas que se había vuelto ingobernable. Primero bajo la denominación de Imelsa y luego como Divalterra, la empresa pública de las brigadas forestales ha sobrevivido a ocho presidentes de la Diputación de València. Dos de ellos están a la espera de juicio por líos relacionados con su gestión.

Jorge Rodríguez se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por la contratación supuestamente irregular de 7 altos directivos vinculados al PSPV y Compromís. A día de hoy, el alcalde de Ontinyent cree que la liquidación de Divalterra refrenda sus tesis y está convencido de que la creación de una estructura de mando eventual «potente» para dirigir la empresa era la única alternativa para reconducir una entidad sumida en la incertidumbre cuando llegó al poder, tras el caso Taula. Asegura alegrarse y compartir la decisión de disolver Divalterra a la vista de la «caótica» situación en la que se encontraba, puesto que la nueva cúpula con más presencia de técnicos tampoco ha conseguido librar de problemas a la mercantil.

Ahora bien, Rodríguez cree que el proceso no debería servir para «colar por la puerta falsa» en la plantilla de la diputación a los trabajadores que accedieron a Imelsa sin pasar ningún proceso de selección bajo la presidencia de Alfonso Rus, como es el caso del 84 % del personal incorporado entre 2007 y 2015, según concluyó la Intervención General. «Sería una paradoja que 7 personas entren en prisión por los contratos de alta dirección y que todo el personal laboral que entró a dedo acceda puestos públicos por la vía rápida», opina. Rodríguez recuerda que los empleados colocados bajo la etapa de Rus fueron blindados por el último gerente del PP con un convenio que dificultaba su despido e insiste en que en su momento vio más factible tratar de reconducir la firma que cerrarla y derivar el personal a la diputación.

«Era un sustento importante»

José Díez Cuquerella, que ocupó la vicepresidencia y la presidencia de la diputación entre 1995 y 1999 bajo las siglas del PP, subraya que Imelsa fue concebida para mejorar el funcionamiento de la diputación. Ahora bien, el abogado de Xàtiva y exmiembro del Consell Jurídic Consultiu -apartado de la política- recalca que una sociedad mercantil como Imelsa «no es buena ni mala, sino que ha de servir a los fines a los que estaban destinados y, si no se gestiona bien, el mejor final es la disolución».

Díez defiende que, en su época, la entidad dependiente de la institución «era un sustento para realizar trabajos que no eran competencia de la diputación», aunque sostiene que «si ha habido cambios en ella y sus dirigentes consideran que lo oportuno es cerrarla probablemente será lo mejor». «Nadie puede discutir el servicio público que supuso gestionar las brigadas forestales a través de Imelsa», remacha, en cualquier caso.

Fernando Giner presidió la diputación entre 1999 y 2007 y confiesa que no dispone de «elementos de juicio» para ofrecer una opinión ecuánime. El exalcalde de Vallada se limita a señalar que la firma cumplió un papel importante durante años y si ahora se ha decidido su cierre «será por algo» y porque sus actuales gestores «lo tienen que tener muy claro». Otra expresidenta, Clementina Ródenas, prefiere mantenerse alejada de la polémica.

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