En julio de 2014 entregó a la Fiscalía Anticorrupción diez horas de grabaciones y material documental suficiente como para sepultar a toda una saga de políticos del PP apadrinada por el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus. Casi siete años más tarde, el procesamiento por partida doble del exalcalde de Xàtiva como presunto cabecilla de una organización criminal coincide en el tiempo con la decisión de liquidar la antigua Imelsa, epicentro del caso Taula.
¿Cómo ha recibido el anuncio que hizo el martes Toni Gaspar?
Me parece muy positivo. Como diputada provincial de Esquerra Unida, planteé el cierre de Imelsa al inicio de la pasada legislatura, en 2015. Con todo lo que se está viendo, la situación era insostenible. No era posible reflotar la empresa. Yo lo seguí pidiendo y, tras el caso Alquería, en 2018, se anunció la decisión de liquidarla, aunque la cuestión ha ido alargándose en el tiempo.
¿La parece viable la salida que se baraja para el personal?
En su momento ya planteamos que los brigadistas quedaran adscritos al Consorcio de Bomberos y que el personal que trabaja en cuestiones que son competencias de la diputación se integrara en la corporación provincial. Las empresas públicas pueden ser positivas, pero ésta llevaba podrida muchos años y era imposible encauzarla.
¿Por qué no se cerró antes?
Faltó voluntad política. Había una convicción de que se podían cambiar inercias, pero yo creía que no. Liquidar la empresa pública e incorporar a los trabajadores en la diputación podía ser problemático, pero el tiempo me ha acabado dando la razón.
¿Hasta qué punto tenían peso las resistencias internas?
Había cargos que entraron con Marcos Benavent que han seguido jugando un papel fundamental en la empresa. Iba a pedir documentación como diputada y aún estaban al frente. No me daba confianza. Había resistencias a que la empresa se cerrara y a los cambios, pero la voluntad política tendría que haber sido firme. Dejar Divalterra en manos de los técnicos tampoco ha sido una solución, porque las dinámicas están completamente viciadas.
A Rus y otros implicados en el caso Taula se les comienzan a amontonar los juicios...
Resulta satisfactorio que por fin se abra juicio oral, aunque está siendo un proceso muy largo y duro que dura ya siete años. He tenido que soportar cinco denuncias. Desde el principio planteé que no eran hechos aislados, sino una forma de funcionar de manera sistemática que implicaba a dirigentes a alto nivel del PP. Se ha confirmado que actuaban como una organización criminal. Ahora queremos ver no solo las condenas, sino que devuelvan hasta el último euro expoliado a los valencianos.
