El juez del caso Taula también ha finalizado ya la investigación de la pieza D que investigaba el presunto amaño del centro de llamadas o call center de la Diputación de València y ha decidido procesar a ocho personas, entre ellas el expresidente de la institución provincial, Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, su ex suegro Mariano López y el propietario de la empresa adjudicataria del contrato del servicio telefónico.
En el mismo auto el magistrado también ha decidido sobreseer la causa respecto al exdiputado provincial y exalcalde de Sedaví, Rafael Pérez Martínez, y el empresario Salvador Sansano. El instructor del caso Taula considera respecto al exdiputado Pérez Martínez que no existe «indicio de relevancia que permita considerar que fuera consciente del presunto pacto defraudatorio, ni que actuara con intención de perjudicar la imparcialidad de la decisión adjudicataria, ni el patrimonio de la empresa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional aunque en la práctica fuera proclive a plegarse sin cuestionarse demasiado las instrucciones recibidas desde arriba».
Respecto al empresario Sansano el sobreseimiento se debe a su fallecimiento el 23 de enero de 2019, según comunicó su abogado al Juzgado de Instrucción 18.
Adjudicación por amistad
El «centro de atención multicanal a los contribuyentes» de la Diputación de València se «externalizó» en 2012 mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA).
La privatización de este servicio, bautizado como «call center» y adjudicado a la empresa Servimun el 20 de mayo de 2013 por 842.975 euros (IVA no incluido) a razón de 24.793,38 euros mensuales, se justificó como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes.
Aunque el proceso para la adjudicación estuvo, presuntamente amañado, para que la empresa Servimun ganara el concurso. Todo por la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en estas causa y responsable de los pliegos del contrato, Salvador Deusa, y Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent.
Una amistad que, según el relato del titular del Juzgado de Instrucción 18, también favoreció que se intentaran minimizar las deficiencias detectadas durante los años que estuvo el servicio de Servimun activo (de 2013 a 2015). Por ejemplo, de las «990.000 intervenciones telefónicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de call center se recibieron únicamente 264.847 llamadas de las que únicamente 169.175 llamadas se atendieron y 95.665 no fueron atendidas».
En la causa también se investiga a la mujer y cuñada de Mariano López por blanqueo de capitales ya que el empresario, quien declaró no conocer al propietario de Servimun, constituyó una sociedad a nombre de la hermana de su esposa en la que la empresa del call center ingresó 158.833 euros entre 2013 y 2016 «probablemente por actuar de conseguidor, bien pidiendo el favor a Alfonso Rus o Salvador Deusa», según el juez.
