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Análisis

Quitar velos a la financiación

La reforma no significará, si llega, más dinero que en 2020, sino dar carácter estable a los actuales créditos para subsistir

Puig y Oltra dialogan ayer en Corts. | EFE/BRUQUE

La financiación autonómica (su retrasada reforma) fue el asunto ayer de la sesión de control al Consell en la Corts: PP, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem se refirieron a ella. Y la sensación que queda es la de la construcción en el imaginario colectivo de un maná, cuando llegue, que solucionará todos los problemas valencianos. Y lo previsible es que no sea así.

No se dice, pero realmente lo que los técnicos contemplan que pasará es que se regularizarán los ingresos extraordinarios que ahora recibe la Comunitat Valenciana para sostener los servicios públicos fundamentales. Esto es, el dinero que llega del Estado vía préstamos para paliar el déficit estructural valenciano (el denominado Fondo de Liquidez Autonomómica extraordinario o extraFLA). Vienen a ser los más de 1.300 millones irreales (y reivindicativos) que el Gobierno del Botànic incluía en sus presupuestos anuales de ingresos.

No habrá por tanto mucho más dinero del que ya llega. La diferencia, e importante, es de concepto. Ahora son créditos. Es decir, deuda al Estado que va agrandando una losa que se acerca a los 50.000 millones. Y es dinero que depende de la voluntad de cada Gobierno en cada ejercicio. No hay seguridad de que un año, si vienen mal dadas, no vaya a llegar.

La nueva financiación autonómica debe convertir estos ingresos en regulares. Quiere decir que no sean préstamos a devolver y que su recepción esté asegurada, no dependa de la gracia del Gobierno de turno, del color que sea.

Sobre la deuda por la infrafinanciación, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, deslizó ayer la tesis, conocida, de que es con el Estado, lo que sugiere que no se devolverá. «Esa deuda le corresponde al Estado español», contestó al síndic de Compromís, Fran Ferri. Sin embargo, otras comunidades se niegan de plano a una condonación de la llamada deuda histórica.

El Consell (la parte socialista, especialmente) pudo comprobar ayer que la financiación autonómica (su no reforma) es ya un filón para la oposición. Y una puerta abierta para Compromís, que no está en el Ejecutivo de la Moncloa, para marcar perfil propio reivindicativo. Isabel Bonig (PP) y Ruth Merino (Cs) echaron en cara a Puig que «no ha conseguido nada en seis años», cuando el modelo está caducado desde 2014.

El jefe del Consell se defendió con datos y conocimiento del asunto. No hay nuevo sistema, pero «han cambiado las cosas», defendió. El Gobierno progresista reconoce la infrafinanciación, alegó, y dota de recursos. Recordó 2020, con 1.486 millones del fondo covid, 1.254 del React, más de 650 millones en ayudas a empresas y el presupuesto de 2021, que respeta el peso poblacional.

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