No quieren una tarea más porque están al borde del colapso. El Colegio Oficial de Trabajo Social de València afirmó ayer que entre las tareas encomendadas a los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria no se encuentra «la de expedir certificados para la solicitud de esta prestación gestionada por la Seguridad Social (INSS)», un requisito que se incluye en el último Real Decreto en torno al Ingreso Mínimo Vital.

Y así se lo han hecho saber a la vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, siguiendo la línea que expone el Consejo General del Trabajo Social. Y es que para solucionar el problema que había supuesto que muchos usuarios se quedaran fuera de la ayuda prevista por el Gobierno para los más vulnerables se emitió un decreto que obliga a incluir en la documentación un certificado de vulnerabilidad que deben emitir desde lso servicios sociales.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València entiende que esta «prestación tiene que ser gestionada y tramitada por el organismo estatal competente, que es la Seguridad Social, encargada también de informar a la ciudadanía, y en ningún caso tiene que requerir ningún tipo de informe emitido por los Servicios Sociales de Atención Primaria».

Desde el organismo colegial se pidió ayer a través de una misiva, a la Dirección General de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos que inste al Gobierno central para que trabaje hacia «una prestación de derecho subjetivo, no contributiva, incondicional y universal dirigida a toda la ciudadanía, es decir, la Renta Básica Universal, lo que supone la necesidad de una mayor dotación de medios y recursos para garantizar su acceso, como por ejemplo la incorporación de trabajadoras y trabajadores sociales en la Seguridad Social».