En La Serratella (Castelló) solo hay censados 95 vecinos aunque en la localidad se matricularon en 2019 un total de 10.016 vehículos y en 2020, otros 2.361. Eso supone que a cada habitante de la localidad le corresponden casi 25 vehículos (con una tasa de 24,85 de vehículos por habitante, la más alta de la Comunitat Valenciana). Esta situación se repite en tres localidades más: en Castelfabib y la Puebla de San Miguel (Valencia), y en Relleu (Alicante). Así consta en el último informe sobre fiscalidad municipal elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en relación al Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que sustituye al antiguo impuesto de circulación. Las conclusiones son claras: la diferencia de tarifas entre los distintos ayuntamientos explica la existencia de pequeños municipios convertidos en "paraísos fiscales" para empresas especializadas y vehículos de empresa.
El informe recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que en número de vehículos de nueva matriculación supera el número de habitantes censados, llegando a alcanzar unos índices de morotización muy elevados que solo responden a la búsqueda de una rebaja fiscal a la hora de hacer frente la pago del impuesto. Y cuatro de estos 25 ayuntamientos están en la Comunitat Valenciana.
La Puebla de San Miguel es una localidad valenciana de 61 habitantes. Sin embargo, en 2019 se matricularon 1.140 vehículos nuevos. En 2020, pandemia incluida, la cifra se redujo en más de la mitad aunque supuso la matriculación de 470 vehículos, lo que supone una tasa de casi 8 vehículos por habitante. En Castielfabib, sin embargo, fue justo al revés. En esta localidad de 308 vecinos, en 2019 se matricularon 768 coches nuevos, pero en 2020, un año marcado por la caída en picado de ventas en el sector, en el municipio se matricularon 2.688 vehículos (lo que supone una tasa de 8,73 vehículos por habitante). Es más, el informe recalca el caso de este municipio en su análisis de toda España. "Resulta especialmente llamativo el caso de Castielfabib, pequeño municipio valenciano en el que a pesar de la crisis y de haber reducido su población en 7 vecinos, ha triplicado el número de vehículos de empresa matrículados en 2020 respecto del año anterior, pasando de 768 a 2.688 unidades. O el caso", apuntan.
Este impuesto se creó en España hace 32 años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos y se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional. Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar esas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima o aplicar bonificaciones de hasta el 75 % en función del carburante y las características de los motores. Incluso se permite exonerar el pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años. "Es esta facultad discrecional de los ayuntamientos –señala AEA en su informe- lo que ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos 'paraísos fiscales' en relación con el pago de un impuesto al que están obligados más de 36 millones de contribuyentes". El impuesto proporcionará este año a las arcas municipales una recaudación global en torno a los 4.000 millones de euros.
El informe recalca que la alta fiscalidad que mantienen algunos ayuntamientos ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan abierto sucursales en municipios con una menor presión fiscal. Además, la AEA explica que el origen de este fenómeno de "los paraísos fiscales" hay que buscarlo en la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, ya que esa circunstancia permite a las empresas de renting o alquiler de coches concentrar la matriculación sus flotas en municipios sin apenas habitantes y con un favorable tratamiento fiscal. "A cambio, cada año les toca la lotería del 'numerito' por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población", añade el informe.
A nivel nacional, el informe destaca que siete municipios españoles (Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela Moralzarzal, venturada, Las Rozas de Puerto Real y Brunete, en Madrid; y Rajadell, en Barcelona) –con una población de entre 500 y 14.000 habitantes- es donde se matriculan el 37,5% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 159.811 turismos sobre un total nacional de 425.020 unidades.
Los municipios considerados "paraísos fiscales" en el informe de AEA son los siguientes: Las Rozas de Puerto Real (555 habitantes); Colmenar del Arroyo (1.785), Patones (539), La Hiruela (65), Venturada (2.241), Robledo de Chavela (4.364), Redueña (270), Navacerrada (3.091), Torremocha del Jarama (1.075), Moralzarzal (13.334), y Brunete (10.760), en la Comunidad de Madrid; Aguilar de Segarra ( 282), Rajadell (534) y Sant Pere Sallavinera (151), en Barcelona; Sarratella (95), en Castelló; Castielfabib (308) y Puebla de San Miguel (61), en Valencia; Escorca (208), en Mallorca; Relleu (1.148) y Benidoleig (1.078, aunque la tasa de vehículos por habitante es de 1,54), en Alicante; Retascón (62), en Zaragoza; Cañada de Calatrava (100), en Ciudad Real; Montejaque (949) y Macharaviaya (513), en Málaga, y Borox (3.958), en Toledo.
