La batalla por cambiar el modelo de financiación autonómica no es la única que ha intensificado Compromís en Madrid y que tiene como sustento la discriminación de la Comunitat Valenciana. La infrafinanciación, es decir, la falta de recursos suficientes disponibles para cubrir el gasto público, tiene un compañero de viaje en el terreno de los recursos humanos ya que, según los cálculos de la formación, la Comunitat Valenciana se encuentra a la cola en cuanto al número de funcionarios por habitante adscritos a conselleries u organismos públicos. En concreto, cuenta con 27 servidores y servidoras públicas por cada 10.000 habitantes, una ratio bastante raquítica si se tiene en cuenta que hay comunidades, como Extremadura, que quintuplica esta cifra: 125 efectivos por cada 10.000 extremeños, mientras que la media se sitúa en 45.
En concreto, la Generalitat contaría en esa fecha con 13.585 efectivos para administrar un territorio que supera los cinco millones de habitantes. Los datos, extraídos del último boletín sobre personal público del Ministerio de Política Territorial con fecha de enero de 2020 y que no tiene en cuenta ni al personal docente, sanitario o de Justicia, sirve de sostén a Compromís para intentar, una vez más, vencer las restricciones legales que impiden a la Generalitat reforzar sus plantillas.
La radiografía del empleo publico en las comunidades es similar a la de 2019. En un año se ha avanzado muy poco ya que entonces el número de efectivos por cada 10.000 habitantes era de 25, mientras la media continuaba en 45. En aquel momento, los funcionarios en plantilla de las conselleries u organismos públicos era de 12.549. Así, la incorporación de un millar de personas a la plantilla de la Generalitat no ha supuesto una mejora en su posición relativa.
La coalición ha registrado una enmienda al proyecto del Real Decreto de Agilización de Fondos Europeos que debe convalidarse en el Congreso de los Diputados en la que se pide una suerte de tasa de reposición «asimétrica», es decir, que los límites recogidos en las leyes de presupuestos para acotar las plazas que puedan salir a oferta de empleo público tengan en cuenta la situación de las plantillas de cada Comunitat Valenciana. La idea de asimetría ya lleva tiempo reclamándose desde el Consell y ha sido una de las peleas de la Conselleria de Hacienda en los consejos de política fiscal y financiera que fijan cada año a los objetivos de déficit. Ahora esta estrategia se traslada al ámbito del funcionariado, en concreto, al personal que trabaja en las conselleries y sobre el que se sostiene la tramitación de miles de asuntos, entre ellos, las futuras ayudas europeas.
Vieja reivindicación
El Consell se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de revisar la tasa de reposición incorporada en su día por el Gobierno del PP y que se ha mantenido todos estos años con el Gobierno socialista, dentro de las políticas restrictivas sobre el gasto público.
Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se ha planteado esta cuestión de forma recurrente ante el ministerio correspondiente, pero hasta ahora no ha habido avances. Compromís ya intentó enmendar sin éxito el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2021, aunque ahora ha encontrado otro camino a través del proyecto de ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, es decir, la norma que permitirá gestionar los fondos europeas.
La propuesta, que ya sido defendida en la tribuna por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, plantea que las comunidades que se encuentren por debajo de la media de empleados públicos por habitante del conjunto de las mismas no se sujeten a ninguna tasa de reposición mientras no se llegue a la citada media. La tasa de reposición opera sobre todo para los efectivos que se encargan de tareas burocráticas, ya que hay más margen para contratar a personal esencial, como sanitario o educativo.
De hecho, ello explica que aunque la plantilla pública de la Generalitat ha aumentado mucho estos años , con contrataciones en el ámbito sanitario y docente, en el terreno estricto del personal de la Generalitat el crecimiento ha sido moderado. Además, se plantea que el artículo que impide con carácter general contratar personal temporal o realizar nombramientos de interinos para cubrir necesidades «urgentes e inaplazables» quede sin efecto para las comunidades que se encuentran en esa situación.
En su defensa en el Congreso, el diputado Joan Baldoví denunció las diferencias insalvables en las comunidades autónomas y pidió flexibilidad a las comunidades que, como la valenciana, están más perjudicadas ya que la existencia de efectivos públicos es básico para poder ejecutar los fondos públicos que vendrán de Europa.
