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La Generalitat blindará al personal subcontratado por el sector público

La modificación de la norma beneficiará a unos 100.000 empleados valencianos

Puig, junto a los líderes de la patronal y los sindicatos y otros miembros del Consell, ayer. | LEVANTE-EMV

Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, y la patronal empresarial CEV firmaron ayer el primer acuerdo interprofesional de medidas concretas que se rubrica en la autonomía para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas por la Administración. La principal novedad es que los agentes sociales se han puesto de acuerdo por primera vez en la historia para solicitar hacer obligatoria la subrogación en el sector público. Es decir, que la plantilla de una adjudicataria de un contrato público no pueda perder su puesto de trabajo aunque cambie la empresa concesionaria, las cuales podían renovar las plantillas o acometer despidos sin ninguna limitación hasta ahora. Según los datos oficiales de 2019, este cambio beneficiará a unos 100.000 valencianos.

Patronal y sindicatos instaron a la Generalitat a sumarse al acuerdo, algo que fuentes del Consell y de los propios agentes sociales dan por seguro. De hecho, el documento se firmó ayer en el Palau de la Generalitat y en presencia del president Ximo Puig. Según apuntan fuentes sindicales, el Gobierno valenciano aprobó en 2018 el decreto de responsabilidad social, que está pendiente de su reglamento de desarrollo para entrar en vigor. En ese desarrollo de la ley es donde se espera que se incluya este compromiso de la Administración con la mejora de las condiciones laborales en el sector público.

Diálogo social fluido

Las negociaciones entre la CEV y sindicatos arrancaron en 2017 pero no llegaron a buen puerto. Ahora, en un momento en el que el diálogo social es más fluido que nunca en la Comunitat Valenciana, se le ha podido dar el impulso definitivo. En términos legales el pacto es de ‘eficacia general’ y tiene el mismo peso que un convenio colectivo, y cubrirá precisamente a esos sectores que no disponen de ese acuerdo laboral marco, como las adjudicatarias de servicios de mantenimiento, alumbrado o de informática en hospitales, por ejemplo.

El documento, que aborda diversos aspectos, está orientado a que la Generalitat «asuma e introduzca en su contratación cláusulas que garanticen la estabilidad y la calidad del empleo». Según apuntó la directora general de Diálogo Social, Zulima Pérez, la contratación pública supone en torno al 20 % del PIB nacional, unos 250.000 millones de euros.

El acuerdo establece que quedarían excluidos de esa subrogación obligatoria aquellos trabajadores con menos de seis meses de antigüedad en la contrata que cambia de titular, así como los contratos menores (inferiores a 15.000 euros), pero desde CC OO señalan que ningún contrato que conlleve la contratación de personal es considerado como menor.

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