Nueve años y medio de prisión. Esa es la pena a la que se enfrentan los dos presuntos lugartenientes en València del conocido narco mejicano ‘Mono Muñoz’, supuesto brazo ejecutivo y financiero desde España para toda Europa de los principales carteles del mundo hasta su detención en Madrid. Es la condena que les reclama la Fiscalía por supuestamente haber participado en la introducción de al menos dos cargamentos de cocaína por el puerto valenciano, en mayo y en septiembre de 2015, uno, como hombre de confianza en València de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono’, y el otro como encargado de distribuidor a menor escala parte de la droga.
Las defensas, obviamente, no lo en así de claro. Al contrario. En ambos casos exigen que los acusados, el mejicano Miguel Gerardo R. M. y el colombiano Julián D. F., sean absueltos al entender que tanto las intervenciones judiciales de los teléfonos como las órdenes de entrada y registro en sus domicilios, que dan pie a parte de las imputaciones, son nulas de pleno derecho y deberían suponer la nulidad completa del proceso.
Tanto la defensa del mejicano como la de Julián D. F., ejercida por el abogado Javier Ruiz Blay, del despacho Matilla & Blay, plantearon esa nulidad en las cuestiones previas en la primera sesión del juicio, celebrada en octubre pasado, pero la Audiencia de València, que ayer reanudó la vista oral, no se pronunciará hasta que redacte la sentencia.
En concreto, Ruiz Blay defiende que el mandamiento de entrada y registro debe considerarse nulo porque la Policía Nacional lo solicitó, y el juez de la Audiencia Nacional lo otorgó, basándose únicamente «en elementos fácticos de cerca de dos años de antigüedad». Dicho de otro modo, sin haber hecho ni una sola diligencia de investigación desde junio de 2015, utilizaron aquellos datos para solicitar, 22 meses más tarde, la orden de registro en casa de Julián D. F., en València.
De hecho, los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con sede en Madrid y que investigaban desde 2014 la trama de blanqueo de capitales de Muñoz Luévano por encargo de los cárteles de Los Zetas, el de Sinaloa, el del Golfo y y el de Beltrán-Leyva, admitieron ayer, por videoconferencia que cuando se produjeron las detenciones de los dos presuntos lugartenientes llevaban meses sin realizar investigaciones concretas sobre ellos.
El Mono Muñoz fue detenido en marzo de 2016 y los ahora enjuiciados lo fueron un año más tarde, el 31 de marzo de 2017. Ambos ingresaron en prisión y en noviembre el juez permitió su salida en libertad provisional bajo fianza.
Durante los registros en los domicilios de los acusados, en San Antonio de Benagéber, se encontraron diversas cantidades de cocaína —más de 20 kilos en el caso del mejicano y poco más de un kilo en el caso del otro inculpado—, además de dinero empaquetado y guardado en bolsas, y oculto en distintos puntos de las viviendas. Por ello, y las investigaciones anteriores, la fiscal mantiene la petición de cárcel y las defensas, sin embargo, pretenden invalidar esos decomisos alegando que su hallazgo es ilegal porque la orden judicial estaba poco motivada. La sección quinta de la Audiencia de València tiene ahora la última palabra.
