Solo el 7 % de la población de la Comunitat Valenciana que vive bajo el umbral de la pobreza está percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda del Gobierno estatal destinada a los más vulnerables. Así consta en el último informe de la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales que critica una ayuda «que no mejora la cobertura ni la cuantía del sistema autonómico de rentas mínimas» ya que el IMV «solo alcanza al 80% de las personas beneficiarias» de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).
El umbral de pobreza en España en 2019 fue de 9.009 euros por persona (es decir, 750 euros al mes), un dato a tener en cuenta ya que es la renta de ese año la que computa a la hora de solicitar la ayuda estatal. Ese es, precisamente, uno de los problemas que destaca el informe a la hora de acceder a la prestación.
Y es que tres de cada cuatro solicitudes se deniegan. ¿Por qué? Según el informe «las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio ministerio reconoce que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia de la Covid-19».
El ministerio también reconoce que un 10 % de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.
Por ello, el estudio que analiza la repercusión de la ayuda prevista para los más vapuleados por la crisis sanitaria y económica afirma que el Gobierno «no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en este país. Mientras tanto las ‘colas del hambre’ deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’ que es el Ingreso Mínimo Vital».
En la Comunitat Valenciana el 20,6 % de la población vive en riesgo de pobreza, lo que supone 980.000 personas de las que solo 74.454 perciben el Ingreso Vital y 43.365 ingresan la Renta Valenciana de Inclusión (un 4 % de valencianos en riesgo de pobreza).
A nivel estatal, se asegura que «se han logrado resolver 811.859 expedientes mientras quedan 347.645 expedientes por resolver» por lo que destaca que «si se hubiera realizado la pasarela de los 300.000 expedientes de las rentas mínimas autonómicas, la lista de espera sería casi inexistente».
El Gobierno anunció la ayuda del IMV generando grandes expectativas, pero los números previstos distan mucho de la gestión realizada. «A pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual. En nueve meses, la Seguridad Social solo ha desembolsado 920 millones de euros de los 3.000 anuales previstos», asegura el informe.
Una de cada cuatro
Además, existe otro problema añadido. Para intentar «resolver» el problema que generaba que muchos usuarios se hubieran quedado fuera de la ayuda por incumplir los requisitos (solo se aprueba una de cada cuatro solicitudes), el Gobierno decidió que fueran los ayuntamientos quienes, desde los servicios sociales municipales, elaboraran un informe de vulnerabilidad para mostrar la situación «real» de las familias en pandemia. Sin embargo, desde los Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales se niegan a hacerlo. Y el problema sigue sin respuesta.
