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Bravo negociará ya el requisito lingüístico pero sin incluir por ahora a los sanitarios

La negociación para el personal médico quedaría aparcada por la pandemia

Imagen de archivo de los exteriores del complejo sanitario La Fe. m.a.montesinos

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo activará en breve las negociaciones para aprobar el reglamento en el que se determinará el nivel de valenciano exigible para los puestos de trabajo de la Generalitat. Sin embargo, la discusión sobre el personal sanitario se pospone sine die. Según ha sabido este diario, la titular del departamento ha comunicado ya en un reunión con sindicatos y en la que estaban presentes cargos de Compromís que, dada la situación actual de crisis sanitaria, la concreción del requisito lingüístico para profesionales de la sanidad tendrá que esperar al entender que con una pandemia por controlar, no toca abordarlo.

De esta manera, la intención de Bravo es activar ya la comisión correspondiente para implantar el requisito para el acceso a una plaza pública en la Administración y dejar pendiente para el futuro la cuestión del personal sanitario.

La nueva ley de función pública aprobada recientemente en las Corts recoge por primera vez y como tienen otras autonomías como Cataluña y Galicia, la exigencia de la capacitación en valenciano para el acceso a la función pública y establece un plazo de un año para aprobarse un reglamento en el que se detalle que nivel se exige a cada puesto. La ley todavía puede tardar un par de semanas en entrar en vigor ya que se está puliendo el texto tras las modificaciones que se incorporaron durante el trámite parlamentario.

El asunto relativo al requisito lingüístico quedó resuelto con un pacto político en el ámbito del Consell tras un largo proceso de tira y afloja entre los socios de Gobierno, PSPV y Compromís. Los primeros con una visión más contenida de cómo regular el requisito y los segundos, presionando para que esta reivindicación histórica de la coalición fuera realidad.

Cuestión muy controvertida

La cuestión del personal sanitario fue también controvertida desde el principio. En los primeros borradores del anteproyecto de ley se contempló la posibilidad de que el personal sanitario quedara exento de la exigencia del conocimiento de la lengua. Sin embargo, la cláusula que abría la puerta a esta dispensa cayó del texo definitivo, si bien desde la Conselleria de Justicia se subrayó que se regularía de forma diferenciada la capacitación para el personal sanitario.

La noticia de que también sería obligatorio tener conocimientos del valenciano para ser personal médico ha generado malestar y protestas entre el colectivo (el colegio de médicos se ha opuesto frontalmente) y por sindicatos como el CSIF que hablan de un éxodo masivo de facultativos. También la oposición ha hecho causa bellis de esta cuestión.

Justicia ya trató de rebajar los ánimos en el colectivo al sugerir fórmulas flexibles, como solicitar solo el nivel básico (elemental) o habilitar una moratoria para acreditar el conocimiento de la lengua. En medio de una pandemia y ante la presión asistencial, lo último que quiere el Consell es soliviantar al colectivo.

Bravo no tiene prisas y la conselleria quiere estudiar posibles fórmulas. La idea es avanzar en el resto de puestos y dejar para otro momento la negociación para la plantilla sanitaria. En cualquier caso, el requisito aún tardará ya que no afecta a las ofertas de empleo público que están en proceso. El plazo es de un año, pero en el caso de que la negociación se atasque no existe cláusula que blinde su aplicación. Ese ha sido el temor de Compromís, si bien Bravo no parece que quiera dilatar la negociación, aunque está firme en no incluir por ahora a facultativos.

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