Prácticamente ha coincidido en el tiempo la iniciativa que el grupo parlamentario de Ciudadanos que dirige Ruth Merino ha presentado en las Corts para pedir al Gobierno la agilización de las obras de la cárcel de Siete Aguas y la aproximación de los presos valencianos a cárceles de la provincia con una petición de reprobación en el Congreso del partido de Inés Arrimadas contra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska por acercar a presos de ETA a cárceles vascas
Mientras en el Congreso, Cs ha firmado con Vox la petición de reprobación de Marlaska por su política de «acercamientos y progresiones en grado y demás privilegios» penitenciarios otorgados, «por razones políticas», a los presos de ETA, en los Corts pide la aproximación a cárceles valencianas de los presos valencianos que cumplen condena fuera de la Comunitat Valenciana, 776 en total.
Para los presos valencianos, Ciudadanos entiende que estar cerca de sus familias durante la condena facilita sus posibilidades de reinserción. Asegura en la iniciativa que está demostrado que el alejamiento de los presos de sus lugares de origen aumenta la conflictividad y compromete la reinserción porque es más complicado que en esas condiciones acaten las normas y participen en las actividades y talleres del centro.
Dos mil internos en Picassent
Así, la formación centrista ha presentado una proposición no de ley de tramitación ordinaria ante la Comisión de Justicia de las Corts para el cumplimiento de las penas de prisión de los presos valencianos en cárceles valencianas. En ella pide que las Corts insten al Gobierno de España a que finalice la construcción de la cárcel de Siete Aguas. En la iniciativa presentada la pasada semana y firmada por la nueva síndica, Ruth Merino, Ciudadanos insta a las Corts a que pida al Gobierno de España que reconsidere el cambio de criterio sobre el centro penitenciario de Siete Aguas, y que deje de proyectarse como un centro exclusivamente psiquiátrico penitenciario y pueda albergar internos de régimen ordinario tanto para cumplimiento de condena como preventivos.
Y entre las exigencias que plantea está la de reclamar al Gobierno de Sánchez el acercamiento de presos valencianos a las cárceles de la provincia de Valencia.
Actualmente hay 1.672 valencianos en prisión, bien cumpliendo condena o en espera de juicio. El único centro penitenciario de València, el de Picassent, alberga actualmente unos 2.000 internos cuando tiene capacidad para 1.329 internos. La iniciativa añade que València es la tercera provincia más poblada del país y solo tiene un centro penitenciario dado que la construcción de un segundo en Siete Aguas lleva en suspenso desde 2012 unos diez años en la misma situación. La actuación se dota en los presupuestos generales del Estado pero las obras nunca se materializan.
Cs asegura que el hacinamiento y la masificación de Picassent motivaron que se iniciara la construcción de uno nuevo en Siete Aguas. Si su apertura se sigue retrasando, añaden, se evitaría dar solución al problema de masificación, ya que seguiría existiendo un único centro en Picassent.
De los casi 2.000 reclusos de Picassent, 896 son valencianos. El resto hasta los 1.672, es decir 776 cumplen condena fuera de la provincia de Valencia. Cs asegura que los datos son alarmantes.
