El toque de queda en España ya tiene fecha final. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que no va a prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, algo que implicaría el fin del toque de queda por coronavirus. Sánchez ya desveló cuándo terminará el estado alarma en todo el país y, por tanto, es previsible que ese mismo día sea el día que termina el toque de queda en la Comunidad Valenciana. La fecha del nuevo escenario que se plantearía ya sin toque de queda es el próximo 10 de mayo.
El presidente quiere que sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones relativas a nuevas restricciones por coronavirus, aunque no fue claro sobre si este Consejo, en el que está representado el Gobierno y las CCAA, pueda tomar medidas de restricción de la movilidad. Espera, eso sí, que la evolución de la pandemia y la vacunación aporten las herramientas necesarias para luchar contra la pandemia.
Por lo tanto, el presidente prevé que sea este organismo quien pueda seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en España, así como al proceso de vacunación que se está llevando a cabo tras anunciar el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Y es que el final del estado de alarma privaría a las comunidades autónomas de dos medias principales que se vienen utilizando para frenar los contagios, como son los cierres perimetrales, tanto municipales, como provinciales o autonómicos, y el toque de queda. Por lo tanto, el toque de queda terminaría el 9 de mayo.
Al ser preguntado si la Interterritorial podría tomar medidas que restrinjan la movilidad en caso de que sea necesario, Pedro Sánchez no fue claro. Admitió que el estado de alarma plantea dos instrumentos fundamentales como son los cierres perimetrales, los confinamientos totales o la restricción de movilidad nocturna, lo que se ha "mal llamado", según el presidente, el "toque de queda".
Sin embargo, lo cierto es que las restricciones que se puedan acordar en el Consejo Interterritorial se circunscribirían a la limitación de horarios y actividades comerciales o la reducción de aforos, no la limitación de derechos fundamentales como la libre movilidad.
