La reivindicación de que se liberen las patentes de las vacunas covid para que lleguen también a los países pobres y acabar así más rápidamente con la pandemia, impulsada en octubre por India y Sudáfrica y apoyada por más de 100 estados y decenas de organizaciones civiles, emerge estos días con fuerza una vez que, por fin, parece que se está acelerando la llegada de dosis a la Unión Europea, pero aún con un volumen insuficiente.
En España ha relanzado políticamente el debate el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien en una carta enviada al Comité Europeo de las Regiones se muestra partidario de revisar el sistema de propiedad intelectual para encontrar una solución a la escasez de vacunas. Y entidades del ámbito sanitario convocadas por la Marea Blanca se manifestaron ayer en Barcelona, en el marco de la Iniciativa de la Ciudadanía Europea Right2Cure, delante de la delegación de la Comisión Europea para exigir a los 27 «vacunas para todos».
La Comisión Europea, no obstante, considera que «los problemas de acceso a las vacunas no se resolverán suspendiendo patentes», sino que «están relacionados con una insuficiente capacidad de producción», según el portavoz del ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari. El mandatario apoyó la posición de la presidenta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, quien es partidaria de encontrar una «tercera vía» que preserve las normas que fomentan la investigación, a la vez que se promueven acuerdos que ayuden a ampliar la fabricación de antígenos.
Con ello, la presidenta de la OMC está buscando aunar posturas entre los países que defienden la liberalización de las patentes mientras dure la pandemia y quienes se oponen, entre ellos los principales países ricos como Estados Unidos, la UE, Japón, Australia y Reino Unido. Y es que tradicionalmente la OMC ha tomado las decisiones por consenso, pero en esta ocasión las posturas están muy «enconadas», según Raquel González, responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, oenegé que, con el apoyo de Salud por Derecho y otras entidades, ha recogido más de 77.000 firmas a favor de la liberalización.
Aunque es difícil hacer vaticinios, González considera que el resultado final en la OMC «dependerá mucho de Estados Unidos». Y es que la administración de Donald Trump era contraria a la suspensión de patentes, pero Joe Biden está evaluando una liberación temporal. «Si EEUU se lanza, podría arrastrar a la UE», que en su guerra con AstraZeneca por el incumplimiento de la farmacéutica ha amenazado con forzarla a compartir su patente. Si bien, se trata más de una «medida de presión que de un aviso real» y, en el caso de que se llevase a cabo, lo tendría que activar cada país y «producto por producto», según interpreta González.
Exención global
Por el contrario, la exención propuesta por India y Sudáfrica y secundada por más de 100 países es exención global, en busca de una inmunidad de grupo mundial que revierta las previsiones actuales, que indican que una quinta parte de la población no tendrá acceso a ninguna vacuna al menos hasta 2022. Y es que los países ricos representan el 14% de la población pero han comprado hasta el 53% de las vacunas, avisan Médicos Sin Fronteras. Y una vacunación a dos velocidades puede provocar más fallecimientos, que la pandemia se alargue y que aparezcan peligrosas variantes.
Para tratar de evitar este escenario, la UE apoya la iniciativa Covax, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros actores en busca del «acceso equitativo a las vacunas». Si bien, los defensores de que decaigan las patentes avisan de que Covax es «insuficiente» dado que en 2021 prevé que se donen dosis para el 20% de la población, un porcentaje lejano a la inmunidad de rebaño necesaria para frenar la pandemia. Y no solo es que el objetivo sea «modesto», sino que se está incumpliendo por falta de financiación y porque los países ricos están «haciendo acopio de vacunas», según González.
Pero la industria farmacéutica apoya Covax como el mecanismo necesario para nivelar la distribución de los viales. Y es que la patronal española, Farmaindustria, considera que más que un problema de producción existe un «desafío en la distribución» puesto que la previsión es que se fabriquen este año entre 10.000 y 12.000 dosis, un número suficiente para inmunizar al 70% de la ciudadanía, si se reparten adecuadamente. Además, se opone a la liberalización con el argumento de que los derechos de propiedad intelectual son los que garantizan la investigación de nuevos medicamentos.
