El Consell de Transparència de la Generalitat ha denunciado que la propia Conselleria de Participación de la que depende «utiliza» esta dependencia para «restringir e impedir» su desarrollo, además de volver a quejarse de las dificultades y la falta de medios tras seis años desde su creación en 2015.
En su memoria de 2020, advierte que no pudo emplear buena parte de su presupuesto anual de 100.000 euros por la escasez de personal y sobre todo por la situación sanitaria. Con los medios que dispone le resulta «absolutamente imposible» cumplir la Ley de Transparencia de 2015 porque «supondría comprobar más de 500 municipios», además del Consell, el sector público y las universidades. A lo largo del año, el organismo celebró 21 reuniones, todas telemáticas desde mediados de marzo, y recibió 255 expedientes correspondientes a 2020 y 2019, la mayoría relacionados con información municipal o jurídica, urbanismo y contratación. Hasta 121 de las reclamaciones presentadas el año pasado están pendientes de resolución.
Estas cifras demuestran que en 2020 sufrió un «retardo importante» en la preparación y resolución de reclamaciones, con el consecuente incumplimiento del plazo de tres meses de resolución.
