La Conselleria de Universidades trabaja en la ampliación de las bases de las becas salario ligadas a la renta para estudiantes universitarios e incrementar, así, el próximo curso, el número de jóvenes beneficiarios. Si se aprueba el borrador que actualmente está encima de la mesa, a esta ayuda mensual de 600 euros podrán optar los estudiantes de cualquier curso —con independencia de si han recibido la beca el año anterior o no—, además de los de los másteres habilitantes, aquellos que hay que realizar sí o sí si se quiere ejercer la profesión de la carrera cursada.
Como explican desde la conselleria que dirige Carolina Pascual, esto beneficiará potencialmente a un mayor número de estudiantes, ya que se eliminan dos de las barreras actuales: la de haber recibido la ayuda el curso anterior y haberla solicitado desde primero de carrera, por lo que accederían a la beca nuevos alumnos. Así, en 2021-22 podrían pedirla «todos aquellos alumnos de todos los cursos que dispongan de menos recursos económicos, cumplan con los requisitos y deseen continuar con sus estudios».
Este punto se remodela tras una denuncia al Síndic de Greuges, en la que se consideraba «injusto» que esta ayuda — que implantó el Consell en 2016 y que puede ser complementaria a la del ministerio y a las Erasmus+— estuviera limitada por los requisitos anteriores. Ante esto, el Síndic pedía a la Generalitat que asegurara «la permanencia en el sistema universitario público de aquellos estudiantes cuyas circunstancias sociales y económicas hayan cambiado de un año a otro». Además, otro cambio es que podrán aspirar los estudiantes de las universidades privadas, pues el Consell acata una sentencia del Tribunal Constitucional a un recurso de la Universidad Católica de València.
Reparto del presupuesto global
La nueva orden —que se encuentra en fase de exposición pública— incluye también como posibles beneficiarios a aquellos que estudien másteres habilitantes, es decir, títulos oficiales de posgrado que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas, un punto excluido hasta ahora.
Asimismo, el texto provisional menciona a grupos sociales vulnerables, como el colectivo de víctimas de violencia machista (incluidos los hijos e hijas menores de 23 años), así como el alumnado afectado de discapacidad física, psíquica o sensorial. Estos deberán cumplir todas las condiciones previstas, pero no se les exigirán los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada, la nota media obtenida, ni el número mínimo de créditos o asignaturas matriculadas.
Según detalla la letra pequeña de la orden, «para los alumnos de primer curso de grado se reservará un 25 % del presupuesto global máximo de cada convocatoria; para los alumnos de segundo y superiores cursos un 70 %, y para los alumnos de másteres habilitantes, un 5 %». Si los beneficiarios superaran el importe total, se primaría «en primer lugar, a aquellos alumnos que hubieran resultado beneficiarios en el curso anterior y, en segundo lugar, al resto de los alumnos». Además, las becas se concederán en orden descendente según la nota media del curso anterior o de acceso a la universidad, según se detalla.
Beneficiarios
Las becas salario han pasado de beneficiar en 2016-17 a los primeros 930 jóvenes a 2.710 alumnos en 2019-20. No obstante, este curso se han otorgado a 1.932 jóvenes, 778 menos que el año pasado, a pesar de que el presupuesto ha aumentado y solo se han cubierto la mitad de los 16,5 millones de euros previstos, como ya publicó este periódico. La Universitat de València es la que más becados pierde (443, más de la mitad de los 778).
Desde la conselleria de Universidades aseguran que se ha «detectado que en muchos casos faltaba documentación, por lo que animamos a todo aquel al que se le haya denegado la beca que recurra». «Nuestra voluntad es que todo lo presupuestado pueda servir para que nadie quede excluido de la educación superior por motivos económicos, de hecho las modificaciones que hemos realizado en la orden de base amplían mucho el perfil del estudiante que pide la beca», defienden.
