La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés) en la Comunitat Valenciana eligió ayer a Lola Fernández como presidenta de esta plataforma que agrupa a más de 30 entidades de inclusión social.
A Fernández (que es también vicepresidenta estatal), no le hace falta mirar los datos para saber que tendrá que lidiar con un horizonte postpandémico bastante crudo. «La desigualdad se puede agravar y esto es algo muy difícil de evitar. Estamos en mitad de la pandemia y ya sabemos que el número de pobres ha crecido muchísimo». Antes de la covid ya había un 27 % de los valencianos en riesgo de pobreza. Por eso, el objetivo es claro: «Aspiramos a que la lucha contra la pobreza se convierta en una prioridad política tras la pandemia».
A Fernández la acompañarán Virginia Sanchis, como vicepresidenta; Gemma Miñarro, como secretaria, y Ana Tórtola como tesorera. Esa será la dirección durante cuatro años en los que se marca varios retos. El primero, territorial. «Ahora mismo forman parte de la red entidades de toda la Comunitat Valenciana, pero nos gustaría incidir aún más en ello y que se sumaran más asociaciones de Alicante y Castelló», propone.
Otro de los objetivos es la eliminación de la brecha digital. «Es uno de los grandes problemas invisibilizados durante la pandemia», así lo define Fernández, aunque reconoce que es algo que ya existía, pero nunca antes había estado tan presente para las familias empobrecidas.
Para Fernández, los problemas para las familias son que, ni tienen los instrumentos, ni los conocimientos. «Es algo prioritario a la hora de realizar cualquier trámite, pedir cualquier ayuda o recurso, y muchas se quedan fuera por no tener los medios o por no saber hacerlo», denuncia. Pero quizá donde la brecha digital ha sido más sangrante es en el plano educativo. «Hemos visto casos de niños que tenían que hacer los deberes con el móvil o sin tener ni siquiera datos móviles en algunos casos», lamenta. Aunque Fernández reconoce el esfuerzo de la Administración autonómica, matiza que no llegó a todos los afectados.
«Es cierto que educación entregó miles de tabletas, pero no se dio respuesta a toda las necesidades del alumnado. Es un tema complejo y muy importante a resolver. Se tiene que garantizar el acceso a la educación de todas las personas», reclama.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido una de las reivindicaciones históricas de la plataforma, que cumple ahora 15 años, pero la nueva presidenta reconoce que se ha quedado muy lejos de las expectativas. «El Ingreso Mínimo Vital no ha acabado de encajar, ha tenido grandes problemas para arrancar y ahora mismo, en la práctica, no está llegando a muchísimas familias», denuncia. En la Comunitat Valenciana se rechazan el 74 % de las solicitudes.
Precisamente, el IMV es otra muestra más de los perjuicios de la brecha digital, a los que se le añade un laberinto burocrático que hace que muchas familias acaben siendo rechazadas. Una muestra es, según cuenta, la obligación de presentar la declaración de la Renta incluso de los menores de edad que cobren el impuesto. «Muchas personas no entenderán nada por el idioma, o no se enterarán directamente por no ser notificados y al final acabarán por no acceder al subsidio, que es un derecho», dice.
Sin acceso a la vivienda
En la vivienda está otro de los focos de acción que se marca la red europea de lucha contra la pobreza. «Ha sido el mayor espacio protector durante la pandemia. La vivienda es fundamental y está demostrado que es el mayor condicionante para la salud de las personas. Así, Fernández reclama un parque público que se amplíe cada año y una apuesta por la regulación de los alquileres, que ayude a las familias a acceder a una casa en condiciones.
Para Fernández, hay un riesgo muy alto de que el sistema cree nuevos pobres. Las mujeres, los jóvenes, o los migrantes irregulares han sido los más golpeados y los que podrían caer en la pobreza para que crezca, todavía más, la desigualdad. Pese a todo, alerta del peligro de olvidarse de las personas empobrecidas antes de la pandemia, y pide que las medidas políticas «no sean puntuales, sino estructurales».
