La firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y financiero, Grant Thorton, aparece como implicada en la causa que investiga la Fiscalía Anticorrupción por la ampliación presuntamente fraudulenta de la empresa Urbas Grupo Financiero, una empresa originariamente de Barcelona dedicada al transporte que después dio el salto a Madrid y al sector inmobiliario.

Grant Thorton fue la mercantil a la que la Diputación de València encargó en 2016 la elaboración de dos auditorías forenses de la empresa pública Impulso económico local SA (Imelsa) en el periodo que se investiga en el caso Taula, desde 2007 hasta 2014, por valor de 200.000 euros y que consistió en rastrear durante meses ordenadores y servidores de la empresa para aportarlos al caso Taula que investiga el Juzgado de Instrucción 18 de València. La causa de la Audiencia Nacional en la que se ha visto ahora implicada Grant Thorton investiga los supuestos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015 aprobada por los gestores de Urbas Grupo Financiero. La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y 8 años de cárcel para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez.

El Ministerio Público también pide que ambos directivos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación. También reclama penas que oscilan entre los 6 años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos. La instrucción se inició en 2017 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas irregularidades en la operación de ampliación de capital de Urbes Grupo Financiero por un importe de 384 millones, que se aportaron mediante activos inmobiliarios presuntamente «sobrevalorados» de la empresa Aldira Inversiones Inmobiliarias, realizado por Grant Thorton.

Anticorrupción considera que las conclusiones del informe realizado por Grant Thorton «eran irracionales y ajenas» a la realidad tanto de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular y tuvieron presuntamente como única finalidad justificar la ampliación con pleno conocimiento del engaño