El pleno del Consell aprobó ayer los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori. Un nuevo organismo previsto en la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup), en vigor desde el 20 de agosto de 2014 y aprobada durante la etapa de Isabel Bonig al frente de Territorio, para ejercer las competencias autonómicas en materia de disciplina urbanística de forma consorciada con los ayuntamientos que cedan voluntariamente sus competencias.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, destacó ayer que la aprobación de los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori suponen «un paso más para poner en marcha un instrumento esencial para velar de manera eficaz por la utilización racional y legal del suelo y poner fin al descontrol de las construcciones en suelo no urbanizable que se ha producido en la Comunitat Valenciana a lo largo de muchos años». De hecho, el gran reto del nuevo organismo es afrontar la tramitación de los planes de minimización ambiental para legalizar las 350.000 casas ilegales que se calcula existen en la C. Valenciana. Entre ellas muchas casetas o paelleros que han evolucionado a viviendas desde los años sesenta y setenta del pasado siglo y que constituye uno de los principales quebraderos de cabeza del urbanismo valenciano.
Vertidos ilegales
También suponen un grave problema medioambiental por los vertidos de aguas residuales al nivel freático y la falta de gestión de los resíduos sólidos, entre otras deficiencias de estas casas ilegales que son auténtica legión y llegan a formar urbanizaciones en ciudades como Castelló (La Marjaleria), Catral, Barx, Dénia, Elx, Marxuquera, Montserrat, Montroi, Llíber, Llíria, Ontinyent, Villalonga, Xàbia, entre otros muchos municipios valencianos.
Precisamente, la Agència Valenciana de Protecció del Territori será la encargada de tramitar estos planes de minimización ambiental para legalizar su situación urbanística a cambio de reducir su impacto ambiental. El objetivo es que estas casas consigan unos requisitos mínimos urbanísticos: acceso rodado garantizado, recogida de residuos sólidos y depuración de aguas residuales.
A esta «amnistía» urbanística sólo pueden acogerse las viviendas ilegales anteriores a 2014 (el año de la entrada en vigor de la Lotup). También se prevé la bonificación de multas, siempre que se inicien las obras que reduzcan los impactos ambientales, entre otras «zanahorias» que se ofrecen para acabar con una problemática que se arrastra desde hace décadas.
La nueva agencia dependerá de la Conselleria de Política Territorial y contará con 35 funcionarios. El objetivo es que esté operativa a finales de año, aunque aún está pendiente el nombramiento de la persona que la dirija.
El objetivo de la Agencia, según el conseller de Política Territorial Arcadi España es «la protección del suelo rural, entendido como un recurso natural escaso, limitado y no renovable, desde la perspectiva de que la medida de protección más efectiva es la prevención, mediante la inspección territorial, para evitar tanto la irreversibilidad o consolidación de construcciones alegales como la creación de una falsa confianza en la ciudadanía».
