El estado de alarma, la principal herramienta jurídica para combatir el coronavirus, ha estado en el centro de la pugna política desde que llegó la pandemia. El pasado año, el Gobierno sudó tinta para lograr que el Congreso aprobara las sucesivas prórrogas. Ahora ocurre al revés. El Ejecutivo rechaza ampliar el mecanismo más allá del 9 de mayo, fecha en la que expira, según el decreto aprobado a finales de octubre. Y toda la oposición, incluidos los socios de la coalición del PSOE y Podemos, reclama a la Moncloa que no cierre esa puerta tan pronto, o al menos que apruebe una «alternativa» legal a la alarma, para evitar que las medidas que las comunidades autónomas tomen a partir del mes que viene queden al albur de los tribunales, como ocurrió en otoño. Pero Pedro Sánchez negó ayer ambas posibilidades. No habrá ni prórroga de la alarma ni nuevo paraguas jurídico.
«Tenemos suficientes herramientas jurídicas para gestionar la pandemia en este estadio actual», dijo el presidente. Mientras los contagios continúan subiendo, el Gobierno se muestra convencido de que los datos de las próximas semanas serán muy positivos, dejando atrás esta cuarta ola. La vacunación, que se ha acelerado muchísimo en los últimos tiempos, revertirá la tendencia, explican en la Moncloa, convirtiendo tanto el estado de alarma como los nuevos mecanismos jurídicos en innecesarios. Pero eso no significa rechazar por principio la aplicación de más restricciones. Si resultan indispensables, se aprobarán a través del Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas.
«El proceso de vacunación se ha intensificado. Es un escenario completamente distinto al del pasado verano. Y en segundo lugar, a lo largo de estos meses hemos desarrollado una intensa cogobernanza. El corazón de las medidas es el Consejo Interterritorial. Los tribunales ya han dicho que los acuerdos del Consejo son de obligado cumplimiento. Por tanto, el marco jurídico seguirá siendo el Consejo Interterritorial, con el filtro y el control de los tribunales. Tenemos suficientes herramientas jurídicas para gestionar la pandemia en este estadio actual», zanjó Sánchez desde la Moncloa, donde compareció este martes para dar cuenta de los principales ejes del plan por el que España absorberá los 140.000 millones de los fondos de recuperación europeos.
Las autonomías no respaldan este enfoque. Euskadi, Andalucía y Murcia defienden prorrogar el estado de alarma. Varios territorios gobernados por los socialistas, como Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, han afeado al jefe del Ejecutivo que anunciara el fin de la herramienta sin consultarlo previamente con los territorios regionales. No en vano, los confinamientos perimetrales o el toque de queda, en principio, no se podrían aplicar sin la alarma.
Una insólita unidad
Mientras tanto, en el Congreso, la oposición ofreció ayer una imagen inusual. Casi todos los grupos, desde el PP hasta EH Bildu, pasando por Ciudadanos, el PDECat, el PNV, Más País y Compromís, reclamaron al Gobierno que diseñe una alternativa legal tras el fin de la alarma. Los populares llevan un año exigiendo un ‘plan b’ jurídico al mecanismo extraordinario. En noviembre, llevaron a la Cámara baja una iniciativa en este sentido, que recabó el rechazo casi total del hemiciclo. Pero esta vez el partido de Pablo Casado vio respaldada su posición, más allá de las críticas de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que acusó a Sánchez de usar la pandemia y las vacunas como «arma electoral».
Desde el PNV, su presidente, Andoni Ortuzar, defendió la necesidad de una «legislación puente» que dé seguridad a las medidas que se adopten a partir del 9 de mayo. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, pidió al Gobierno una «alternativa jurídica» si no quiere verse «obligado a prorrogar» la alarma. «Al Gobierno le corresponde traer una alternativa», coincidió Íñigo Errejón, de Más País. Joan Baldoví, de Compromís, defendió por su parte una Conferencia de Presidentes para tomar una decisión conjunta entre el jefe del Ejecutivo y los mandatarios autonómicos.
En este escenario, Sánchez acudirá hoy al Congreso para dar cuenta, precisamente, del estado de alarma. La comparecencia no se vislumbra plácida.
