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Los exdirectivos evitan devolver los finiquitos exigidos por Divalterra

El plazo voluntario ofrecido por la empresa de la diputación expira sin haber ingresado ni un euro de los 105.386 reclamados hace cuatro meses, a expensas del recorrido judicial del caso Alquería

La exdirectiva Agustina Brines, en el centro, flanqueada por Víctor Sahuquillo y José Luis Vera. | GERMÁN CABALLERO

La exdirectiva Agustina Brines, en el centro, flanqueada por Víctor Sahuquillo y José Luis Vera. | GERMÁN CABALLERO

El pasado 18 diciembre, Divalterra remitió una carta por correo certificado a seis exdirectivos recientemente procesados en el caso Alquería para reclamarles la devolución de 105.386 euros, después de descubrirse que en 2018 percibieron indemnizaciones por encima de lo que marca la ley.

Sus finiquitos por despido se calcularon erróneamente, tomando como referencia una regulación desfasada. La empresa dependiente de la Diputación de València -hoy en proceso de extinción- ofreció a los ex altos cargos la posibilidad de retornar las cantidades abonadas de más en tres mensualidades entre enero y marzo de 2021, mediante transferencias a una cuenta de la institución provincial. Expirado ese plazo de pago voluntario, sin embargo, ni un euro ha llegado todavía a las arcas de la entidad.

La respuesta al requerimiento por parte de los aludidos ha sido dispar. Sin detallar más información, desde la corporación provincial precisan que, en cualquier caso, se mantienen conversaciones con los abogados de los exdirectivos para intentar recuperar el dinero, teniendo en cuenta que su situación procesal condiciona toda operación.

Desde un primer momento, los técnicos y responsables de Divalterra abogaron por probar suerte con la reclamación de las cuantías por la vía extrajudicial a pesar de que esta opción tenía escasas probabilidades de prosperar, puesto que, con la normativa en la mano, el plazo para la devolución de los importes habría prescrito al cabo de un año de haberlos abonado.

Por eso, el 23 de diciembre, la empresa aportó al juzgado del caso Alquería las cartas de pago enviadas y un escrito informando sobre el «error» de cálculo cometido, con la esperanza de ver retornado el dinero cuando finalice el proceso.

En el auto dictado a finales de febrero que sienta en el banquillo a los exdirectivos por su supuesta contratación irregular, el juez fijó para ellos una serie de fianzas que equivalen la suma de los salarios percibidos por los contratos de alta dirección más las indemnizaciones de su despido acordado en 2018, con tal de cubrir las responsabilidades civiles a las que se enfrentan en caso de acabar condenados. Es ahí donde podría residir la vía para que el dinero acabe de vuelta a las arcas públicas, puesto que desde Divalterra se descartó desde un principio acudir al juzgado de lo social.

Fue el Interventor de la diputación el que, a finales de 2020, reparó en que ninguno de los contratos de alta dirección firmados desde julio de 2015 en Divalterra se había ajustado, en lo tocante al cálculo de las indemnizaciones por cese, a la ley estatal de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno en 2012, tal como avanzó Levante-EMV. Esta norma estipula un finiquito no superior a siete días por año de servicio para los ex altos cargos despedidos. En cambio, Divalterra aplicó una regulación anterior con sus exdirectivos, que elevaba el cómputo de la indemnización a 20 días por año trabajado.

Los seis encausados por Alquería percibieron de media 16.000 euros brutos más de lo que les correspondía por ley. A la ex-cogerente Agustina Brines, sin embargo, se le reclama que retorne la totalidad de su finiquito, 26.000 euros. Como recaló en la empresa como personal en excedencia de otro puesto público, no debería haberse beneficiado de ninguna compensación económica con motivo de su salida.

Petición de responsabilidades

Ni la empresa que asesoraba a Divalterra en materia laboral, ni el auditor externo ni el jefe jurídico advirtieron de que los contratos de altos directivos no se ajustaban a la ley en lo referente a la cláusula de las indemnizaciones, lo que generó un hondo malestar entre los consejeros de la firma, que pidieron depurar responsabilidades. La «mala praxis» en el cálculo de los finiquitos podría haberse extendido durante años a otros organismos dependientes de la diputación, tal como se está investigando ahora.

El responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, atribuyó los pagos irregulares a una «cadena de errores» y, en un informe remitido al consejo de administración, fió la recuperación del dinero al tribunal que investiga la validez de los contratos, de forma que, «dependiendo del resultado final» del proceso judicial abierto, «podrían recuperarse hipotéticamente las cuantías que hubieran sido indebidamente pagadas». Un nuevo embrollo con desenlace incierto a las puertas del fin de Divalterra.

La Agencia Antifraude ha archivado la investigación que mantenía abierta contra Divalterra por las contrataciones a dedo de una empresa externa a la que se le encomendó, al comienzo de la pasada legislatura, la tarea de auditar las cuentas de la antigua Imelsa durante la etapa de gestión del «yonqui del dinero».

Por aquel entonces, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia estaba en el ojo del huracán tras el estallido del caso Taula, que puso de relieve la falta de controles internos y externos durante años. Con el cambio de gobierno en la corporación provincial, los nuevos gestores decidieron encargar a la compañía Grant Thornton dos auditorías forenses (una del ejercicio de 2014 y otra del periodo comprendido entre 2009 y 2013) para arrojar luz sobre la situación real de la entidad e identificar todas aquellas irregularidades que pudieran ayudar en el proceso judicial en marcha.

Sin embargo, la adjudicación de dos contratos valorados en 150.000 euros sin concurso público y en un escaso margen de tiempo a la citada empresa auditora levantó sospechas de un posible fraccionamiento y acabó siendo objeto de una denuncia ante Antifraude que se presentó en septiembre de 2018, unos meses después de la Operación Alquería.

Reproche procedimental

Una vez analizada toda la documentación relativa a los expedientes bajo lupa, sin embargo, la Agencia no ha hallado ninguna prueba o indicio de «fraude o corrupción» en las actuaciones.

En las conclusiones de su investigación, eso sí, el organismo que dirige Joan Llinares constata que se produjeron «déficits en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y de sus principios generales reguladores de la contratación pública». Hubo «irregularidades o deficiencias» por la falta de competencia a la hora de seleccionar a la empresa contratada, pero no lo suficientemente graves como para invalidar o anular todo el proceso.

Antifraude sostiene que, por su precio, los contratos deberían haber salido a concurso público, aunque reconoce que las instrucciones internas de Divalterra permitían la adjudicación de cualquier operación de forma directa «independientemente de su importe». El jefe jurídico de la mercantil de la diputación justificó la manera de proceder por la urgencia de los contratos y la necesaria cofidencialidad.

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