Al final hay un compromiso temporal para empezar a andar el camino hacia una nueva financiación autonómica. Ya es algo. No es un nuevo sistema aún, pero es un avance. Y es más incluso que la moción del diputado Joan Baldoví (Compromís) que ha dado pie a una resolución pactada por los tres partidos de la izquierda con el beneplácito sobre su contenido del Ministerio de Hacienda.

Lo más relevante de esta transaccional es que en ella se insta al Gobierno a «presentar antes de final de 2021 la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica». No iba tan lejos la moción de Baldoví, que hablaba de «la urgente necesidad» de la reforma del modelo sin concretar un plazo. «Nunca se habían comprometido tanto en Madrid», subrayaron ayer fuentes de Compromís. El plazo límite (final de año) no es inmediato, pero es algo.

Hay que tener en cuenta que el movimiento de Baldoví se produjo después de la reunión del president de la Generalitat, Ximo Puig, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ella evitó plazos concretos sobre la financiación. Se limitó a «agilizarla» en los próximos meses.

El documento pactado en el Congreso por los tres partidos que gobiernan en la Comunitat Valenciana tiene dos grandes valores. Que el Ministerio de Hacienda conoce y asume su contenido (si no, PSOE y Unidas Podemos no lo firmarían) y que supondrá un compromiso con aval parlamentario.

La proposición no de ley, que se vota hoy, saldrá adelante con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y el diputado de Compromís. Ni Ciudadanos ni PP afirmaban ayer su voto en contra. Los naranja apoyaron las líneas básicas de la reclamación durante el debate.

Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraron a lo largo de 2020 que la intención era contar con un «esqueleto» de la nueva financiación durante el otoño de ese año. Pero no pasaron de ser declaraciones a prensa. Las mismas que cuando la ministra aseguró que la pandemia obligaba a demorar este espinoso asunto, que conlleva una negociación con las autonomías y otra en sede parlamentaria entre los principales partidos.

Con todo, el Gobierno ya tenía el acuerdo de investidura con Compromís, que señala que en ocho meses desde la investidura plantearía una propuesta de nueva financiación. Pero eso era en enero de 2020, antes de la pandemia. Ahora no servirá como argumento para nuevos retrasos el coronavirus.

En todo caso, habrá que esperar acontecimientos, porque no es fácil tampoco que, a pesar de tener un borrador de nuevo modelo este año, el Gobierno pueda sacara adelante la reforma en lo que queda de legislatura, que a final de año estará en su ecuador (si no hay adelantos de elecciones).

La transaccional firmada ayer, en la que Unidas Podemos, PSOE y Compromís llevan semanas trabajando, contempla que durante el «mientras tanto» (mientras llega la nueva financiación) «se continuará garantizando a la Generalitat la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».