Sobre las 11 horas de ayer, la comitiva llama a la puerta dispuesta a ejecutar el desahucio de un piso apuntalado, sin luz y propiedad de un fondo buitre en la calle Norte de València, en el barrio del Botànic. Desde el interior de la vivienda, la voz de una joven contesta que allí viven tres personas vulnerables. La comisión comprueba la documentación que hay en el juzgado y el juez aplaza el desahucio hasta el 9 de mayo, cumpliendo con el decreto del Gobierno que impide dejar en la calle a personas sin recursos cuando la propiedad es de un banco, de un fondo buitre o de un gran tenedor.
Sin embargo, cinco minutos después vuelven a subir, le piden que abra la puerta para hacer una comprobación y cuando «descubren» que en el interior del piso está también el antiguo propietario de la vivienda (un hombre que se llama Jesús y culpa al fondo buitre de peder su propiedad «por engaños» tras no poder hacer frente a los pagos), los hechos se suceden con rapidez.
Los cerrajeros empiezan a cambiar la cerradura, la joven llora ante la idea de abandonar la casa de forma inmediata con todas sus pertenencias dentro y sin un lugar al que ir, el antiguo propietario protesta indignado por el incumplimiento del decreto que prohíbe los desahucios y la tensión aumenta por momentos.
Finalmente, con la cerradura ya cambiada, el juez consiente dar 11 días más de plazo a la mujer para que abandone el piso, tras comprobar que cuenta con un informe de vulnerabilidad de su trabajadora social.
Dejar la vivienda con «decoro»
«La comitiva volverá el 27 de abril. Se le ha entregado una copia de la llave a la joven, que debe devolver ese día y el resto de llaves las entregaremos ahora en el juzgado. El juez ha concedido 11 días más a la mujer para que busque un lugar donde vivir y salga de la vivienda con más decoro», explica el agente judicial.
La mujer, que responde al nombre de Milenia, respira más tranquila mientras explica cómo su vida su truncó de golpe en el mes de octubre de 2020, cuando le llegó la denegación a su solicitud de asilo.
«Salí de Colombia con lo puesto porque mi vida peligraba. Tuve graves problemas con la guerrilla, pero en la solicitud de asilo no constan muchas cosas de las que le dije a la policía en España y al final me han denegado el asilo. Allí dejé tres hijos a los que les mando el poco dinero que consigo. Mientras he sido solicitante de asilo he podido trabajar, sobre todo de temporera y en un almacén agrícola pero al quedarme en situación irregular todo se complicó», explica.
Fue entonces cuando dejó de pagar una habitación de alquiler y se trasladó a este piso de la calle Norte, donde vivían dos hombres más con un contrato de alquiler firmado en su día con el que fuera el propietario de la vivienda.
«Me hablaron de este piso y no tenía adónde ir así que vine aquí. Al principio vivían los dos hombres también, pero hace tiempo que no pasan por aquí, no se qué será de ellos pero sí tenían contrato de alquiler. Yo no lo tengo, aunque he pagado dos veces lo que he podido, una vez 100 euros y otra 250 euros. En mi país no hay okupación, no se conoce este fenómeno pero el problema de la vivienda aquí es increíble», lamenta Milenia.
Recuerda cómo hace poco más de un mes encontró el aviso de desahucio en la puerta: «Estuve preguntando hasta que di con servicios sociales, donde me explicaron qué pasaba, me abrieron un expediente».
Relata que le pidieron tranquilidad porque, al parecer, con el informe de vulnerabilidad «el juez no me iba a echar a al calle porque había un decreto que lo prohíbe, pero casi me pasa y ahora solo tengo 11 días para buscar alojamiento. Soy una mujer honrada y sin recursos que quiere trabajar», afirma la joven conteniendo las lágrimas.
En las últimas semanas se han producido varias notificaciones de lanzamiento pese al decreto del Gobierno central que lo impide. La clave de por qué se siguen produciendo desahucios a familias vulnerables es que hay que solicitar en el juzgado adherirse al decreto y presentar una serie de documentación, lo que los afectados desconocen.
A su lado, el que fue propietario de la vivienda está indignado. Explica que en 2005 compró ese piso «por 100.000 euros, con la intención de reformarlo pero cuando pedí la licencia de obra me dijeron que no podía tocar nada porque estaba fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)».
Pero, añade, «llegó la crisis de 2010 y, como autónomo reformista, me comieron las deudas. Me embargaron este piso pero el fondo buitre que hoy es el dueño me engañó, no me dejó ir a concurso de acreedores y acabó quedándoselo tras estafarme. El pasado mes de enero se celebró una vista judicial aunque exista un decreto que lo prohíba y sí, en esta vivienda he permitido que viva gente sin recursos que estaba en la calle».
