La llegada del Botànic supuso un cambio en la gestión de los centros de menores. El objetivo era dejar a un lado un sistema de subvención que suponía retrasos en los pagos y concedía equis cuantía a cada asociación ya que la subvención que recibía cada entidad por gestionar los centros de menores podía variar de año en año en función de lo que decidiera el gobierno de turno en sus presupuestos.
El sector exigía estabilidad y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas puso en marcha un nuevo modelo llamado «concierto social» que supone el pago asegurado por dos años en función del programa que desarrolle cada entidad. Sin embargo, el paso de un modelo a otro (ya con el Botànic II) generó impagos que sacó al sector a la calle en 2019.
Ahora, dos años después, el Síndic de Greuges analiza la gestión de los centros de menores tras detectar, de nuevo, impagos y problemas en los contratos. Es más, la última resolución del Síndic afirma que de los 20 centros de menores investigados, la mitad está realizando su labor en la actualidad sin contrato administrativo en vigor.
«Se constata que por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no se tramitan en plazo muchos de los contratos de gestión integral (centros públicos gestionados por entidades privadas) en el sector de infancia y adolescencia», afirma el informe, tras explicar las consecuencias que eso supone ya que «la no tramitación en plazo provoca que finalicen los contratos, incluso agotando las prórrogas permitidas en el mismo, quedando las entidades gestoras sin cobertura contractual». Así, las entidades «siguen prestando los servicios aún sin existir contrato que les proporcione cobertura».
La fórmula utilizada por la conselleria para continuar pagando el servicio prestado sin cobertura contractual no es nueva, se llama resarcimiento por enriquecimiento injusto y es un proceso extraordinario. Sin embargo, «este procedimiento, complejo administrativamente, produce demoras en los pagos a las entidades que alcanzan, según las mismas, hasta cinco meses».
Las demoras en los pagos implican que son las entidades las que tienen que afrontar los gastos de gestión de los centros, tanto en lo relativo a gastos de personal (nóminas, seguridad social…) como los propios de atención a los menores (alimentación, vestuario, cuidados sanitarios, actividades de culturales y de ocio….) y del mantenimiento del centro.
El informe también recoge las diferencias que existen entre las propias entidades ya que las hay más potentes «que utilizan fondos propios para suplir los impagos», mientras que otras «tienen que acudir a créditos bancarios, soportando los gastos financieros derivados de los mismos».
El informe del Síndic de Greuges también explica que la demora en la formalización de los contratos tiene efectos en los salarios de los profesionales que trabajan en los centros de menores ya que «algunas entidades no pueden cumplir con los acuerdos y compromisos, suscritos el 10 de diciembre de 2018, entre la vicepresidencia y conselleria de Igualdad, la patronal y los sindicatos, al no haberse actualizado los precios del contrato».
De esta forma, al no actualizarse los contratos y prolongarse esta situación, «se está construyendo un sector a dos velocidades en la compensación» que recibe la plantilla de una misma entidad, en función del centro al que esté adscrito el puesto de trabajo.
Difícil continuidad
El informe también recalca que muchas entidades que gestionan los centros de menores tendrán dificultades a partir de junio de este año. «El convenio colectivo del sector se mantiene congelado, en cuanto a tablas salariales se refiere, hasta junio de 2021, que serán de obligado cumplimiento. Si a esa fecha no se produjera la formalización del nuevo contrato de gestión, actualizando los precios del mismo, habrá entidades que verán muy difícil su continuidad», asegura el Síndic en la resolución.
De esta forma, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, recomienda al Consell que «haga efectivo el pago de las cantidades adeudadas» y establezca los mecanismos necesarios tanto «para evitar las demoras de estos pagos» como para que las entidades «queden sin cobertura contractual». Por ello, insta a la conselleria a evitar «la normalización de la práctica del resarcimiento por enriquecimiento injusto».
