La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada hace una semana por el Congreso de los Diputados ha sido bien recibida por cubrir un importante vacío normativo, al tiempo que ha generado un sabor agridulce «al quedarse por debajo de nuestras ambiciones». Así lo expresaba Mireia Mollà, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Energética. En su opinión, se queda lejos de los que requiere la Unión Europea en el capítulo de emisiones, pero también de la futura ley autonómica en la materia. «La parte positiva es que es revisable», apuntaba Mollà.
José Claramonte, director general de Facsa, incidía en que todo el mundo la esperaba «aunque la sociedad y el mundo empresarial han ido un poco por delante». «Las empresas hemos ido incorporando estrategias de mitigación y adaptación, como la descarbonización, la apuesta por las energías renovables o una movilidad menos contaminante», apuntaba en el transcurso de un nuevo desayuno sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado por Levante-EMV con el patrocinio de Facsa, la Autoridad Portuaria de Valencia y Caixa Popular y moderado por el periodista Julio Monreal .
Sobre la mesa, el Objetivo 13, referido a la Acción por el Clima y por el que la Organización de Naciones Unidas insta a adoptar medidas urgentes para combatir el calentamiento global y sus efectos, que ya se dejan sentir sobre el planeta.
Claramonte aplaudía la redacción del documento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por el impulso que puede suponer en sectores menos concienciados, aunque conminaba a «pasar de las palabras a los hechos». En ese punto coincidía con Pau Agost, biólogo, educador ambiental y miembro de Connecta Natura, quien echaba en cara al Gobierno la falta de acompañamiento presupuestario. «De lo contrario, las leyes se quedan en papel mojado», incidía.
Agost criticaba que se esté «legislando desde los núcleos urbanos pero lo paguen las zonas rurales». Como ejemplo, mencionaba la instalación de grandes parques fotovoltaicos y eólicos en el medio natural. «Hay preocupación de que esta transición se haga a costa del territorio y de las personas», interpelaba a Mollà. La responsable ambiental autonómica respondía que aunque estarán «muy vigilantes» para no haya afectación a la biodiversidad, dejaba bien claro que la Comunitat Valenciana ha de producir energías renovables.
Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca Cola, destacaba que la ley de cambio climático suponía «el paso de las declaraciones a las acciones vinculantes». Algo que los actores económicos estaban deseando, especialmente aquellos que como la marca de bebidas refrescantes hace tiempo iniciaron el camino de la descarbonización. «Nuestra empresa ha dado pruebas de ello», expresaba.
«En 2020 ha renovado su compromiso y se ha propuesto reducir sus emisiones en toda su cadena de valor en un 30 % para 2030, con el fin de convertirse en una empresa con emisiones netas cero en 2040», subrayando en su intervención telemáticaque la compañía invertirá 250 millones de euros en Europa en tres años en acciones de este tipo.
«El objetivo en nuestras 47 fábricas es reducir a toda costa nuestra huella y hemos implicado a nuestros cien proveedores estratégicos para que se sumen, de modo que la compensación sea la última opción. Hay que reducir y, cuando no se pueda, compensar». La multinacional ha decidido fijar incentivos variables para sus directivos en función de la descarbonización que consigan.
Para Federico Torres, director del Área de Transición Energética en la Autoridad Portuaria de València, el paso dado por el departamento de la ministra Teresa Ribera es positivo. «Desde 2008 a 2019 la huella de carbono del Puerto de València se ha reducido un 30%, pasando de 3,19 a 2,23 kg de CO2 por tonelada manipulada. En el mismo periodo de tiempo, la actividad de Valenciaport creció un 42%, al pasar de los 52 millones de toneladas gestionadas en el año 2008 a los 74 millones de toneladas manipuladas, al cierre del ejercicio de 2019», desgranaba Torres.
Valenciaport desarrolla un programa de sostenibilidad basado en la autosuficiencia energética, con uso de fotovoltaica y eólica; combustibles alternativos como el hidrógeno para la maquinaria portuaria y GNL para los buques; almacenamiento energético para cubrir necesidades; descarbonización del transporte marítimo; mejora del transporte terrestre interno con la remotorización de camiones y sustitución de todo el vial ferroviario del puerto, según informó Torres.
Para Miguel Rodilla, profesor del Grado de Ciencias Ambientales en la Universitat Politècnica de València, aunque la normativa estatal peca de poco ambiciosa hay que ir a estrategias que actúen en la restauración del territorio. «Hay que tratar de que los ecosistemas estén bien desarrollados para que actúen como sumideros y eso no lo tenemos ahora», según Rodilla.
Mollà destacaba que la ley valenciana de cambio climático da pasos más decididos hacia un parque móvil menos contaminante, frente a la del gobierno «que no es tan contundente». «A partir de 2023 vamos a penalizar a los vehículos que contaminan», recordaba. La consellera insistía en que la Comunitat Valenciana será «una de las más afectadas» por los efectos del aumento de la temperatura superficial del mar. «No solo contemplamos la mitigación, sino la adaptación a esos escenarios, que es algo que debería hacerse antes de planificar proyectos en el litoral», avanzaba.
La ampliación del puerto
No dejó escapar la oportunidad Mollà para introducir la ampliación del puerto que tanta polvareda está generando. Para Mollà, «antes de hacer cualquier proyecto en el litoral hay que ver los efectos que tendrá en 2030, 2040 y 2050». Federico Torres defendió la ampliación «que como hecho físico está terminada desde 2008 Ahora lo que está sobre la mesa es de la terminal Norte». La consellera, que no rehuyó el debate, respondió: «No entiendo cómo han tenido que rectificar tantas veces ese proyecto sin evaluar de nuevo su impacto ambiental», incidió, para recordar a Torres que su departamento es el órgano ambiental de la Generalitat y responder éste que la competencia es del Estado. Hizo hincapié la consellera en que faltan medidores de emisiones en el puerto, a lo que Torres contestó que sí existen y que los datos se difunden en la web de la propia conselleria.
Claramonte, mientras, explicaba que Facsa ya trabaja desde hace tiempo en la adaptación a los cambios que empiezan a detectarse, como la forma en que caen las precipitaciones. «Ha cambiado la forma de llover en nuestra zona», comentaba en clara referencia a las últimos fenómenos extremos. De ahí que planteara la conveniencia de rediseñar y reconvertir las ciudades.
«Hemos ido impermeabilizando las zonas urbanas y ahora hay que ir hacia pavimentos drenantes, o implementar tanques de tormenta», explicaba. Claramonte recalcaba que el agua, en cuyo ciclo integral trabaja Facsa, es un recurso finito. Introuducía en ese momento la necesidad de dar un impulso a proyectos que avancen en esa dirección.
Proteger los suelos
Pau Agost lanzaba una llamada de atención para la recuperación de ecosistemas y que vuelvan a ser resilientes. Una tarea que lleva a cabo Connecta Natura, asociación que desarrolla una iniciativa de recuperación de variedades tradicionales de frutales sobre todo en la Serra d’Espadà. Avanzar en el rescate de recursos fitogenéticos es algo clave para adaptarse al cambio climático. «Trabajamos en la protección de los suelos, porque el suelo puede ser emisor o captador de CO2 según lo usemos», relataba. Agost reclamaba a la consellera menos burocratización y generar modelos sostenibles en la agricultura, aprovechando para loar las ventajas del mosaico agroforestal mediterráneo .
Rodilla, por su parte, alertaba sobre lo que implica que la temperatura del mar Mediterráneo nunca baje ya de 14 grados en febrero, frente a los 12 que eran habituales. «Puede parecer poca variación, pero implica que ahora puedan vivir aquí especies que antes era imposible, como las tortugas, y que la mayoría sean hembras», desgranaba. Un problema no menor cuando algunas de estas invasoras son capaces de fijarse en estructuras hidraúlicas submarinas que pueden llegar a colapsar. De ahí que la Autoridad Portuaria lleve a cabo inspecciones de control en las aguas de lastre para que no se incremente su presencia.
Del helicóptero del dinero a la deconstrucción de la costa
El uso de los fondos Next Generation para impulsar la transición ecológica fue uno de los temas que suscitaron mayor debate. Pau Agost (Connecta Natura) no tuvo reparos en mostrar su temor a que el dinero de la Unión Europea acabe absorbido por las grandes corporaciones y no alcance a proyectos de menor envergadura. Hubo hasta bromas al referirse a las ayudas europeas como el «helicóptero del dinero» y bajando más al terreno refiriéndose al «riego a manta». La consellera Mollà defendió la propuesta de su departamento, muy ambiciosa, para captar financiación destinada a la regeneración del Parc Natural de l’Albufera. Miguel Rodilla (UPV) aprovechó para plantear que tal vez sea esta una ocasión inmejorable «para desarrollar cosas que de normal entran en los presupuestos ordinarios». Como ejemplo, puso la «deconstrucción de la costa», la eliminación de barreras arquitectónicas en primera línea que los últimos temporales se han ido llevando por delante pero se han ido reponiendo. «Podríamos aprovechar para probar la viabilidad de sistemas dinámicos o el coste de la sostenibilidad», lanzaba. José Claramonte (Facsa), abogaba porque esta inyección de Bruselas sirva para «dar un salto tecnológico y avanzar diez años». «Que no sea para financiar lo que no se ha hecho hasta ahora porque no hemos sabido ajustar estructuras», señalaba.
