Un incremento del 17% en las transferencias directas a los municipios en el año de la pandemia situó a la Diputación de València en cifras récord de gasto al cierre de 2020. La corporación destinó un total de 217,3 millones de euros a los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia, el equivalente al 39 % de su presupuesto. Este porcentaje coloca a la entidad presidida por Toni Gaspar como la diputación provincial de España -excluyendo las de régimen foral- que más dinero invirtió en financiar actividad corriente e inversiones de las entidades locales.
El conjunto de instituciones de igual rango del país derivó de media un 24,7% de sus fondos a este tipo de aportaciones, según reflejan las estadísticas de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2020 publicadas recientemente por el Ministerio de Hacienda. Por detrás de la Diputación de València, la corporación alicantina sitúa el porcentaje de sus transferencias en torno al 31,4%. Por bloques autonómicos, de hecho, las instituciones provinciales de la Comunitat Valenciana lideran la clasificación en recursos repartidos a otras entidades con arreglo a sus cuentas, por encima de las diputaciones aragonesas (31,5 %), andaluzas (22,1 %), extremeñas (24,3%), gallegas (22,6 %), catalanas (20,6 %) o castellano-manchegas (18,5 %).
El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) corrobora la misma tendencia, al señalar a la Diputación de València como la segunda corporación provincial que más expandió su gasto en 2020 (un 14,6 %, muy por encima de la tasa de referencia española), solo por detrás de la diputación foral de Guipúzcoa, con un régimen de competencias mucho más potente.
La evolución de las inyecciones directas de la corporación valenciana a los municipios en la última década muestra un notable incremento a partir de 2015, cuando terminó la etapa de gobierno de Alfonso Rus y comenzó la de Jorge Rodríguez, según los datos proporcionados por la entidad. Desde entonces, el volumen de transferencias se ha mantenido en niveles estables, con un salto especialmente pronunciado el año pasado, bajo la presidencia de Toni Gaspar, cuando los recursos a disposición de los ayuntamientos pasaron de 185,6 a 217,2 millones de euros. En 2011, la corporación provincial dedicaba a aportaciones corrientes 128 millones de euros, una cifra que durante la pasada crisis financiera descendió a 126 millones al cierre de 2014. Un año después, el citado apartado de gasto alcanzó los 170 millones de euros, coincidiendo con la puesta en marcha del primer Plan de Inversiones Sostenibles.
En un marco de referencia de seis años, la diputación aumentó sus transferencias en casi 100 millones de euros, un 72 %. La respuesta a la crisis en 2020 fue reforzar las aportaciones a las localidades. Y el presupuesto de 2021 se mantiene en la misma senda: recoge 216,6 millones en transferencias corrientes.
De esta manera, mientras en la legislatura 2011-2015 este apartado de gasto representaban entre el 23% y el 25% de las cuentas de la entidad el porcentaje se elevó en 2020 en 14 puntos, hasta el 39%. Y ello sin contar con la aportación anual al Hospital General.
Fondo de Cooperación
Dentro del apartado de transferencias, sobresalen los 60 millones de euros en aportaciones al Fondo de Cooperación Municipal, en el que la corporación provincial participa junto a la Generalitat. Unos recursos incondicionales que los municipios pueden destinar a inversión y gasto corriente, priorizando a los municipios pequeños.
A estas cuantías hay que sumar los 17 millones de euros que dedica la diputación a sufragar parte de los servicios sociales generales de ayuntamientos y mancomunidades y los más de 40 millones consignados por el Consorcio Provincial de Bomberos y Divalterra para desplegar tareas de prevención y extinción de incendios forestales o los seis millones de euros comprometidos para el desarrollo de planes estratégicos de turismo local.
Por otra parte, el Plan de Inversiones (que se ha duplicado en un lustro) riega a los municipios cada año con una partida de 70 millones de euros cuyo reparto está guiado por la filosofía de la autonomía municipal, la simplificación de los trámites, la agilización de pagos y la distribución bajo criterios poblacionales.
En Presidencia subrayan que la misión de la diputación con estas transferencias ha de ser aportar liquidez a los ayuntamientos, haciendo hincapié en los objetivos de modernizar el funcionamiento y eliminar burocracia, a tiempo que se confiere «total autonomía»s a los alcaldes para decidir el destino de la inversión, a diferencia de tiempos pretéritos.
