El enfrentamiento que el Ayuntamiento de Pedralba mantiene con la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Emergencia Climática está más vivo que nunca. El consistorio quiere sacar adelante la carretera que saque el tráfico del centro urbano, una ronda por el sur del municipio que invadiría terrenos del Parque Natural del Túria. Tras 20 años de espera y litigios, el verano pasado la conselleria dio el visto bueno pero echó para atrás el plan cuando aprobó la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Túria, que afecta a los terrenos por donde discurriría la variante. Por eso, en un nuevo intento por sacar adelante esta carretera, el consistorio contrató a varios urbanistas para que estudiaran en profundidad la revisión de la normativa que regula el parque natural. Y de ella han sacado tres «graves defectos» que, según advierten, «puede derivar en la nulidad de pleno derecho» como ya sucedió con el Pativel.
El primero de ellos es que la modificación del PORN carece de un estudio económico-financiero sobre los costes de implementación de esta normativa, la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo. La inclusión de este estudio en el plan de ordenación se contempla en la Ley 11/94 de Espacios Protegidos. Según apuntan desde el ayuntamiento, «esta exigencia no es caprichosa, sino que cobra especial relevancia cuando la implementación del PORN afecta e imposibilita, en este caso, la ejecución de proyectos en tramitación» como es el caso de la variante sur.
Responsabilidad patrimonial
La alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano, indica que en esta obra ya se ha realizado una importante inversión económica y «cuya supuesta incompatibilidad con las determinaciones del PORN pueden derivar en importantes reclamaciones en concepto de responsabilidad patrimonial a la Generalitat por los enormes perjuicios causados», tanto al municipio como a la Diputación de València, órgano responsable del proyecto.
Además, el consistorio asegura que tampoco se han concebido ninguna disposición transitoria que determine cuál es el régimen aplicable a los proyectos aprobados anteriormente y que con la modificación del PORN resultan incompatibles.
También advierten que el documento no cuenta «con el preceptivo informe de impacto de género que se exige en la ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno.
El pasado viernes, el consistorio envió estas advertencias a la Dirección General del Medio Natural, a la Abogacía del la Generalitat y al Consell Jurídic Consultiu para que se pronuncien, ya que estos dos últimos organismos son los que deben dar el visto bueno a la modificación de la normativa.
