Una semana antes de iniciarse formalmente el proceso de disolución de Divalterra, el consejo de administración de la empresa pública dependiente de la Diputación de València acordó ayer por unanimidad autorizar la formalización de una póliza de seguro de responsabilidad civil por 5.000 euros para cubrir a sus consejeros, directivos, jefes de servicio e integrantes de las mesas de contratación por si tuvieran que enfrentarse en un futuro a posibles indemnizaciones derivadas de reclamaciones por daños, perjuicios e indemnizaciones ante terceros .
A raíz de los sucesivos escándalos judiciales en los que se ha visto envuelta, Divalterra ha declarado desiertos hasta tres procedimientos públicos y abiertos de contratación desde 2019 porque ninguna aseguradora se mostró dispuesta a asumir los costes que podía llegar a alcanzar la póliza dado el riesgo existente, como consecuencia de la mala reputación que arrastraba la firma.
A las puertas de la liquidación, sin embargo, se ha tenido que recurrir a un contrato menor para no dejar desprotegido a ningún trabajador de la mercantil. La seleccionada para continuar prestando el servicio ha vuelto a ser la compañía AIG Europe, que ha encadenado contrataciones menores en los últimos años (en 2019 se le adjudicaron 7.800 euros por la misma vía).
El seguro contratado cubre indemnizaciones de hasta un millón de euros, frente a los 3 millones que quería asegurar la firma
En el último concurso público, Divalterra quiso ampliar la protección de sus puestos de responsabilidad y estaba dispuesta a pagar una prima de hasta 8.000 euros anuales a una aseguradora que a su vez garantizara la cobertura de indemnizaciones máximas de hasta 3 millones de euros. La póliza finalmente suscrita, sin embargo, no ofrece condiciones tan ventajosas y rebaja la cobertura del seguro a 1 millón de euros. Fuentes de la entidad subrayan, en cualquier caso, que lo importante es que los trabajadores que participan en las mesas de contratación y elaboran los informes «tienen su responsabilidad cubierta» frente a determinadas decisiones susceptibles de ser llevadas a los tribunales que pudieran ser erróneas o lesivas para trabajadores o contratistas.
Con el cierre de Divalterra se han dejado en suspenso todos los procesos selectivos abiertos y la contratación de nuevo personal. La subrogación de 600 empleados de la empresa en la Diputación de València y el Consorcio Provincial de Bomberos supone una operación inédita, jurídicamente muy compleja y con muchos detalles aún por perfilar, que podría generar no pocos problemas. El consejo de administración de Divalterra también validó ayer las cuentas de 2020 con la abstención de los consejeros de PP y Cs.
Ultimátum a la FVMP por Cical
Por otra parte, la cúpula de Divalterra acordó por unanimidad el retorno a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) de dos facturas bajo sospecha por valor de 68.000 euros correspondientes a la puesta en marcha de la Fundación Cical, impulsada por el exdirigente socialista José Manuel Orengo. Tanto la Agencia Antifraude como el auditor interno señalaron detrás de estas operaciones trabajos no justificados que en 2020 condujeron a la FVMP a renunciar a su cobro íntegro. Uno de los recibos devueltos, de 40.000 euros, llegó a ser abonado por Divalterra a la federación. Ahora, la empresa pública ha pedido a la FVMP que justifique adecuadamente el pago de los trabajos en un plazo de tiempo acotado. Si no lo hace, le exigirá el retorno del dinero.
El diputado Carlos Gil queda identificado como tránsfuga
El diputado no adscrito CarlosGil ha de tener la consideración de tránsfuga en la Diputación deValència. Es la principal conclusión del escrito que ha presentado el portavoz del PP en la entidad, VicentMompó, en respuesta a la petición formulada por el presidente ToniGaspar para aclarar la situación del exdiputado, a efectos de determinar si correspondería o no recortar el número de asesores a los populares. El escrito del PP, sin embargo, invoca el apartado primero del Pacto Antitransfuguismo, en virtud del cual son tránsfugas aquellos que han abandonado o han sido expulsados del grupo político con el que se presentaron a las elecciones y mantienen el acta. El acuerdo indica que cuando surgen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, el partido que los propuso ha de aclarar su situación.
