La crisis y parálisis provocada por el coronavirus ha generado 266.153 asuntos pendientes acumulados en los juzgados valencianos en el primer trimestre de 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Un tapón que se ha generado en todas las jurisdicciones.

«Solo con que 5.300 de estos asuntos se pudieran resolverse a través de la mediación, que es más rápida y menos costosa, se podrían reasignar 6,4 millones en inversiones que costaría celebrar estos juicios a otras necesidades», según aseguró ayer la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en un acto en la Ciudad de la Justicia para presentar el decreto del Reglamento de mediación que desarrolla la ley valenciana aprobada en 2018 y visitar el nuevo Centro de Mediación. Este último recinto se ha habilitado en el vestíbulo de la Ciudad de la Justicia para facilitar la mediación en todas las jurisdicciones (civil, penal, social, familiar, contencioso-administrativa) en temas de herencias o conflictos por delitos o faltas leves.

En las sedes judiciales

El nuevo centro de intermediación ha tenido un coste de 400.000 euros, según explicó Bravo en un breve acto celebrado en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, antes de visitar el recinto, en grupos de seis personas para garantizar la distancia social. Comenzará a estar operativo a partir de hoy.

No será el único servicio de este tipo que se abra ya que la Conselleria de Justicia aspira a crear un centro de mediación en cada municipio donde existan sedes judiciales en lo que Bravo ha definido como «proyectos de justicia próxima para acercar a todos los municipios este sistema de acceso a la justicia».

Aunque la mediación judicial como forma de resolver conflictos y evitar los litigios avanza poco a poco. Según explicó la consellera de Justicia, la Comunitat Valenciana ya es la tercera de España en mediación familiar, la segunda en materia civil y la tercera en asuntos penales lo que la ha llevado a asegurar que «somos líderes en actividad mediadora».

Al tiempo que sacó pecho de la ley de mediación valenciana de 2018 «que ha sido pionera en garantizar la calidad del servicio, la formación y el respaldo institucional con una novedad: el sistema gratuito en la mediación, al igual que en la justicia gratuita, para determinados casos, al que pueden acogerse quienes tengan reconocida la condición de víctima del delito, personas con escasos recursos económicos y personas con discapacidad». El nuevo decreto también regula un sello de calidad para acreditar entidades y profesionales de la mediación.

De año y medio a 3 meses en la solución de conflictos



La vía judicial tarda, de media, entre 10 y 14 meses en resolver los asuntos. La mediación puede reducir este plazo a tres meses, según la Conselleria de Justicia. Aunque los casos que se resuelven mediante esta última opción son escasos: 7 casos finalizados con avenencia en 2020 en materia penal; 14 en mediación familiar; 225 en juzgados de instrucción y 97 en lo social, según el CGPJ.