Ángel Luna lo denunció en 2016 como adjunto al Síndic de Greuges y lo hace ahora como máximo responsable de la institución porque los problemas en la red de salud mental son tan evidentes que las familias se ven «obligadas» a renunciar a la tutela de la persona a cargo para conseguir su ingreso en un centro o residencia, tal como publicó el pasado lunes Levante-EMV. La realidad, de hace cinco años y de ahora, es que no hay plazas públicas en un sistema colapsado desde hace un lustro cuando la posibilidad de una pandemia sanitaria parecía ciencia ficción.
Las entidades sociales que trabajan con personas de diversidad funcional y salud mental lo explican de forma clara: «La familia solicita plaza residencial y está en lista de espera, pero como no hay recursos disponibles la única manera para que la Generalitat Valenciana intervenga es renunciar a la tutela de su familiar y solicitar su incapacidad judicial para conseguir que la Administración lo ingrese en el centro al que tiene derecho. Es un procedimiento extraordinario que es la norma desde hace años».
El Síndic inició una investigación al percatarse de este procedimiento y de graves carencias en una red de salud mental «desmantelada durante años del PP» en el gobierno y «al borde del colapso» en 2016 que mantiene las mismas carencias un lustro después.
Por eso, en la resolución de esa investigación (que data de 2017) el Síndic también instaba a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a «establecer los protocolos necesarios para la utilización adecuada de los procedimientos de ingreso no voluntario, evitando la generalización del uso del procedimiento legalmente previsto para casos extraordinarios y de urgencia».
Explicaba que esta recomendación tenía su base en la comprobación de que un gran número de ingresos no voluntarios en centros residenciales se realizaban por el procedimiento extraordinario (ingresa la persona y posteriormente se recaba la autorización judicial) «que -advertía- no debe ser utilizado de forma generalizada máxime cuando, en muchas ocasiones, se trata de casos que llevan en lista de espera para ingresar en centros largos periodos de tiempo».
Sin embargo, en el último informe del Síndic sobre salud mental (que data de 2020) se especifica que «por parte de la conselleria no se ha elaborado ningún protocolo que regule los procedimientos de ingreso no voluntario dado que entienden que esta cuestión no compete al Ivass, sino a los juzgados o al legislador».
Y no es la única recomendación de ese informe del Síndic que ha incumplido el Consell, a pesar de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aceptó la totalidad de las recomendaciones tras indicar que gran parte de ellas «se encontraban en fase de ejecución».
La gestión pasa al Ivass
Entre las modificaciones y mejoras introducidas por el Botànic para mejorar la gestión destaca la configuración del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (Ivass) como la entidad pública tutora para hacerse cargo de la atención a personas con enfermedad mental, un colectivo de casi 4.000 personas.
Sin embargo, en la última resolución del Síndic destaca que aún no se ha constituido «la Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial y su Comité Técnico», aunque la previsión era que así fuera a lo largo del primer semestre del 2020.
La Generalitat Valenciana puso en marcha el Ivass, con una única sede en València. La propia conselleria reconoce que la «estructura territorial está pendiente de desarrollo en Castelló, pero sobre todo en Alicante, que está a la espera de la autorización de la Conselleria de Hacienda para la creación de los puestos de trabajo necesarios».
Un colectivo de casi 4.000 personas y el anuncio de 880 nuevas plazas
El plan Convivint planifica el futuro de los servicios sociales con una inversión de 561 millones de euros en 247 actuaciones entre 2021 y 2025. De las 6.600 nuevas plazas públicas que prevé el plan hay 1.690 plazas para estas áreas (810 nuevas plazas en diversidad funcional y 880 en salud mental), lo que supone un 25,6 % del total de las plazas. Así, solo el 13 % de las plazas se destina en exclusiva a la salud mental, la gran olvidada del sistema asistencial.
