El pleno de las Corts aprobó ayer una iniciativa para pedir al Gobierno central que legisle para regular el mercado del alquiler de vivienda con el fin de que se habilite a autonomías y ayuntamientos las medidas normativas necesarias para que se puedan frenar las subidas abusivas del alquiler en los contratos de arrendamiento.
El acuerdo, alcanzado a partir de una propuesta del grupo de Unides Podem, plantea que se habilite a las comunidades autónomas y los ayuntamientos de los recursos legislativos que se consideren necesarios para que se puedan limitar las subidas abusivas del alquiler, y se garantice un arrendamiento estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda.
La iniciativa, con los votos de los grupos del Botànic y en contra de la oposición, reclama también una ley estatal de vivienda, que permita su desarrollo en el marco de las competencias autonómicas y municipales, y blinde la función social de la vivienda.
Vivienda y suministros básicos
Asimismo, se pide que esa futura ley asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución, incluyendo el acceso a suministros básicos, y garantice su aplicación inmediata y vinculante en desalojos forzosos sin una alternativa habitacional.
También salió adelante, con los votos de todos menos Vox, una propuesta que pide agilizar la transferencia extraordinaria de 13.846 millones prevista por el Gobierno. Y añade que de la misma manera que se realizó en el fondo no reembolsable de 2020, los criterios de reparto deben ser técnicos y objetivos.
El Botànic pide considerar en este fondo el grado de afectación de la pandemia en el sistema sanitario desde el 1 de noviembre y la diferente capacidad que tiene cada territorio debido al sistema de financiación en vigor.
