La izquierda valenciana desplegó ayer sus diferentes visiones sobre el polémico proyecto de la ampliación del puerto de València en la sesión de control al jefe del Consell en las Corts. Es un asunto que trasciende con mucho el ámbito local y que divide a los tres integrantes del acuerdo del Botànic, que ayer confrontaron sus diferentes posiciones sobre una cuestión en la que incidieron tanto Compromís como Unides Podem, ambas coaliciones contrarias a la ampliación.
Puig defiende que es crucial para la economía valenciana, con 40.000 familias ligadas económicamente y más de 23.000 empresas que usan la instalación para exportar sus productos, especialmente agroalimentarios, cerámicos y de automoción. Pero junto a la cuestión económica, Puig admite que el territorio valenciano es zona cero de la emergencia climática, por lo que es necesario conciliar empleo y crecimiento con sostenibilidad.
Así defendió que deben ser los técnicos y no los políticos los que decidan desde el rigor y la transparencia. Y anunció un plan extraordinario de protección del litoral de 50 millones, 15 de ellos financiados por la Autoridad Portuaria mientras incidía en que las políticas verdes del Botànic han superado el modelo «depredador» heredado del PP. Todos los partidos de la derecha están a favor de la ampliación.
Puig llamó al diálogo sin crispación desde la confrontación de ideas y el portavoz de Compromís, Fran Ferri, que citó al profesor Joan Romero o al eurodiputado del PP, Esteban González Pons, contrarios a la ampliación, señaló que es una decisión trascendental que marcará el futuro de los valencianos, como en su día el Jardín del Turia o la Devesa del Saler.
Por eso defiende un debate público y la participación ciudadana en la decisión sobre el puerto que no puede tomarse solo en los despachos. «Queremos una València saludable y por eso hay que parar la ampliación», dijo y defendió que el dinero previsto para esa instalación se destine al corredor mediterráneo. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, aseguró que la sociedad ha cambiado y está más comprometida con la defensa del Medio Ambiente y en plena emergencia climática, posicionarse contra la ampliación es estar en el lado bueno de la historia.
Lima sostiene que la ampliación no supondrá más empleos, sino más robotización y que es injustificable decidir con legislación de 1986.
