El Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana considera que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) que ha anulado el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) se ha producido una «preocupante confusión entre la ordenación del territorio y el urbanismo por parte de algunos miembros de la magistratura».
Por ello, «a efectos de evitar estas confusiones, cabe plantear la conveniencia de una mayor formación y actualización de la judicatura y la magistratura en lo relativo a estas temáticas, además de que puedan contar con el asesoramiento y participación puntual de especialistas en los procedimientos», señalan los geógrafos en el documento en el que analizan la sentencia del Pativel.
La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tsjcv anuló en marzo el Pativel, aprobado por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018.
La sentencia estimó el recurso presentado por una inmobiliaria al considerar que el plan que ordena el litoral valenciano no incluía «un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas (...) y las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo».
El Tsjcv también consideraba que no se incluía el informe de evaluación del impacto por razón de género y que «no se había sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica», entre otros argumentos. La Generalitat Valenciana rechaza estos argumentos y ha presentado recurso un ante el Tribunal Supremo, para que anule el fallo del TSJ.
El Pativel no se puede posponer
Al respecto, el Colegio de Geógrafos considera que « el Pativel es un instrumento extremadamente relevante e imprescindible, que no debe ser pospuesto por más tiempo por unas razones o por otras».
El colectivo profesional desgrana y rebate los argumentos esgrimidos por el tribunal para anular el Pativel. Respecto a la omisión de la memoria económica sobre posibles indemnizaciones y coste de las expropiaciones, los geógrafos apuntan que los magistrados se han equivocado de escala, ya que apoyan este argumento en dos sentencias sobre los planes generales de dos municipios (Teror en Gran Canaria y El Campello) que son documentos «totalmente distintos y muy difícilmente comparables por el objeto de la ordenación y alcance con la que se desarrolla el Pativel». Al respecto recuerdan que el Supremo ya se pronunció sobre los planes del litoral de Galicia y Cataluña en sentencias que «asumían la importancia de una planificación territorial de escala superior que, lejos de ser cuestionada, fue asumida como necesaria, como pone de manifiesto la jurisprudencia del Supremo».
A parte del detalle nada baladí de que en el Pativel «no se impide, como en Galicia, ningún desarrollo urbanístico que esté en plazos de ejecución, por lo que no existe derecho alguno derivado de su aplicación en los supuestos indemnizatorios».
Sobre la falta de informe de impacto de género, infancia, adolescencia y familia los geógrafos consideran esta decisión «poco justificada». Además de resaltar que «la demandante no argumenta, ni demuestra, que exista algún tipo de incidencia o discriminación por razón de género».
El Colegio de Geógrafos considera que el Pativel sí contiene «justificación más que suficiente de la elección entre alternativas» de evaluación ambiental y que la Generalitat interviene en el litoral de forma legítima tras «más de cinco décadas de un descontrolado urbanismo local en los espacios litorales».
