Las personas más vulnerables se quedan sin ayudas ni recursos por no acceder al padrón. Sin ese papel que certifica la residencia de la persona no hay nada. Ni ayudas, ni bono social, ni prestaciones, ni ingreso mínimo, ni plaza en ningún centro, ni tarjeta sanitaria, ni tan siquiera hay cita en servicios sociales.
Levante-EMV contaba ayer el periplo de un hombre para conseguir empadronarse donde vive, en un trastero. Como él hay un colectivo vulnerable e invisible que reside en habitaciones o pisos sin contrato de alquiler, en viviendas precarias, en chabolas, en caravanas o en la calle.
Veinticinco entidades sociales denunciaron en mayo de 2020 ante el Síndic de Greuges el problema de acceso al padrón de quienes menos tienen y más necesitan las ayudas. Hace dos días llegó la resolución del Síndic, que centra su investigación en el Ayuntamiento de València, y las conclusiones son demoledoras ya que aunque el Gobierno «flexibilizó» los requisitos de acceso al padrón -con dos instrucciones del INE al respecto (en 2015 y en 2020)- el consistorio incumple la directriz y deja sin ayuda a quienes más la necesitan.
Además, el defensor del pueblo valenciano acusa al consistorio de tener «una actitud entorpecedora de la misión del Síndic» al no responder ni aportar documentación solicitada.
En el ámbito local, los ayuntamientos deben resolver en el plazo de tres meses las solicitudes de empadronamiento. Si no hay respuesta, las personas quedan empadronadas, según la normativa estatal que flexibilizó los requisitos del padrón. Por ello, el Síndic insta al Ayuntamiento de València a que dicte «resolución estimatoria» a las solicitudes de alta en el padrón de habitantes «presentadas desde el 8 de julio de 2020» y a que resuelva las solicitudes de empadronamiento «referidas en la presente queja mediante resolución expresa».
Además, el defensor le recomienda al ayuntamiento que aborde diversas cuestiones -con participación de su Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad- entre las que destacan mejorar la gestión del empadronamiento de las personas que viven en situaciones especiales de residencia «mediante soluciones proactivas favorables a su alta en el padrón» así como la «adecuación de los recursos disponibles a las necesidades reales (no sólo recursos personales, sino fundamentalmente organizativos y de funcionamiento: establecimiento de objetivos, plazos de cumplimiento, medición de resultados, etc».
Revisar el sistema de citas
Y es que el objetivo para el Síndic es que se revise el sistema de asignación de citas «para que el plazo máximo no supere los quince días naturales», se definan «las vías de información acerca de los trámites municipales previstos», se dé «un tratamiento individualizado a situaciones especiales de asilo» y se mejore un servicio que es deficiente e incumple la normativa.
El Síndic explica en la resolución que en los peores casos «servicios sociales se niega directamente a dar cita por falta de empadronamiento, provocando un círculo vicioso: no se puede empadronar porque no se dispone de los certificados de servicios sociales y no se puede acceder a servicios sociales por no figurar en el padrón».
Sin embargo, en los mejores casos, «se da cita a seis meses vista o un año y quien logra la cita, debe cumplir los requisitos para obtener el informe positivo sobre la habitualidad de la residencia, que en muchas ocasiones se emite si la persona ha sido usuaria habitual de los servicios sociales, lo que excluye a quienes no recurren con frecuencia a estos servicios, sea por desconocimiento de su existencia, desconfianza o estigmatización».
Las entidades que presentaron la queja aseguran que han acompañado a las personas a realizar solicitudes de empadronamiento y se han encontrado con numerosas trabas administrativas. «También han informado de todas estas dificultades al Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de València, pero hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida concreta para resolverlos», explica el informe.
La crisis provocada por la pandemia «debería ser razón adicional para buscar una solución» ya que, además, a esta situación se une «la práctica de que terceras personas exigen dinero a las afectadas» para que consigan el empadronamiento, como también ha denunciado este diario al comprobar la existencia de mercadeos y estafas con el padrón de las personas migrantes.
